El régimen castrista ha venido anunciando el final de la libreta de abastecimiento desde hace varios años. Ahora, el gobierno parece estar obligado a comenzar con este proceso, aunque de una manera gradual, pues no cuenta con los recursos para abastecer la canasta básica subsidiada.
El cambio pretende que cada ciudadano asuma el costo de la importación de los productos de la canasta básica en dólares, así como los gastos asociados a su distribución desde los puertos hasta las más de 11.000 bodegas repartidas en toda la Isla.
Durante una intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado miércoles 18 de diciembre, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, confirmó que la eliminación de los subsidios a productos regulados por la libreta de abastecimiento es una decisión que no tiene retorno.
“Lo iremos implementando poco a poco, producto a producto, pero es un camino que no tiene marcha atrás”. El funcionario justificó la medida como un esfuerzo por reducir el peso de más de dos mil millones de dólares que representa anualmente la importación de alimentos para el presupuesto nacional.
El también coronel de las Fuerzas Armadas reconoció que el impacto en la población será considerable y afirmó que los subsidios serán reorientados hacia personas vulnerables, según criterios definidos por el propio régimen.
No obstante, en intervenciones previas, funcionarios han aclarado que aquellos ciudadanos que reciban ayuda de familiares en el extranjero no serán considerados vulnerables, bajo el argumento de que la responsabilidad de apoyo recae convenientemente en sus parientes y no en el Estado.
La decisión forma parte de un plan gubernamental aprobado hace un año que busca corregir “distorsiones económicas” y reactivar la debilitada economía de la Isla. Sin embargo, el primer ministro admitió que los resultados hasta ahora han sido insuficientes, generando descontento entre la ciudadanía.
“Estamos insatisfechos porque no se ha avanzado lo necesario”, declaró, destacando que las medidas adoptadas, aunque dolorosas, son “necesarias”.
La implementación de esta política podría dejar fuera del alcance de muchas familias productos esenciales como arroz, azúcar, huevos y pan, agravando la ya crítica situación alimentaria en la Mayor de las Antillas.
La medida, presentada como un paso inevitable hacia la sostenibilidad económica, enfrenta un amplio escepticismo entre la población, que ya sufre las consecuencias de una crisis económica prolongada y la falta de políticas eficaces que alivien las condiciones de vida.
