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Ciego de Ávila: gestora de Correos de Cuba robó 57.000 CUP a jubilados

La mujer habría utilizado la falta generalizada de efectivo para llevar a cabo estos fraudes

El Tribunal Supremo Popular ha condenado a una gestora de la oficina rural de Correos de Cuba en Majagua, Ciego de Ávila, a cuatro años de prisión por malversación de fondos.

La acusada se apropió de más de 57.000 pesos cubanos (CUP), correspondientes a pagos de jubilaciones y giros postales, cometiendo un fraude que afectó a jubilados y personas vulnerables de la localidad.

La gestora, quien operaba en un contexto de grave escasez de dinero en efectivo en el país, utilizó un engaño para manipular a los más necesitados. Aseguraba a los jubilados que no había dinero disponible en la sucursal para pagar sus pensiones, aprovechando la falta generalizada de efectivo como excusa.

Los afectados, confiados en su palabra, no sospecharon que los pagos no se realizaban y que la funcionaria se estaba quedando con el dinero.

El descubrimiento del fraude

El fraude fue destapado cuando varios ciudadanos aprovecharon la presencia de una comisión provincial en Majagua para denunciar sus quejas sobre la falta de pagos. La investigación reveló irregularidades en los registros de identidad y falsificación de comprobantes.

Estos hallazgos permitieron que se destapara un esquema de abuso que afectaba principalmente a jubilados, amas de casa y personas mayores, quienes confiaban en la gestora para recibir sus pensiones.

Aprovechando lo ocurrido para realizar un poco de propaganda, el caso fue calificado por la prensa estatal como “ejemplar” debido a la transparencia y el “respeto por las garantías procesales” durante el juicio, un privilegio que no se le otorga a opositores.

Consecuencias para la acusada

La gestora fue condenada a cuatro años de prisión y además, se le impuso una restricción de salida del país hasta que haya pagado la indemnización por los daños causados. Asimismo, fue inhabilitada para ocupar cargos públicos en el futuro.

Por su parte, la directora de la oficina de Correos, aunque no estuvo involucrada directamente en el robo, fue procesada por su incumplimiento en la protección de los bienes del Estado. Recibió una sentencia de trabajo correccional sin internamiento durante un año, y también se le impusieron restricciones en su capacidad para ejercer cargos públicos y viajar fuera del país.

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