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Cinco empleados condenados por malversación de 600.000 CUP en Las Tunas

Los acusados se apropiaron ilegalmente de productos como arroz, azúcar, chícharos y frijoles

Cinco trabajadores de la Empresa Mayorista de Alimentos Las Tunas fueron condenados por malversar más de 600.000 pesos cubanos (CUP) en productos destinados al consumo social.

La sentencia fue dictada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas en el marco de la causa 237 del año 2025.

Empleados públicos malversan alimentos esenciales

Los acusados, empleados de la unidad empresarial de base 639, se apropiaron ilegalmente de productos como arroz, azúcar, chícharos y frijoles, que debían ser distribuidos bajo el sistema de canasta normada a más de 50.000 familias cubanas.

Estos productos fueron comercializados en el mercado informal, afectando gravemente a las familias dependientes de la ayuda alimentaria estatal.

Impacto económico

La investigación reveló que los responsables causaron un perjuicio material al presupuesto estatal de 623.088 CUP, un daño directo a la economía cubana en medio de una grave crisis alimentaria.

En medio de una escasez generalizada y crisis económica, este acto de corrupción ha exacerbado la difícil situación de los cubanos que enfrentan apagones prolongados, inflación y recesión.

El tribunal condenó a los implicados a penas de prisión que oscilan entre 11 y 13 años. Además, se les impuso la privación de derechos públicos, la prohibición de ejercer profesiones o cargos públicos, y la restricción de salida del país.

También deberán afrontar la responsabilidad civil por el daño causado. La sentencia fue dictada conforme a las garantías procesales previstas por la Constitución de la República de Cuba y la Ley del Proceso Penal.

Corrupción como respuestas sistémicas

El juicio se celebró en un contexto económico crítico, caracterizado por una inflación descontrolada del 30%, escasez total de productos básicos y una recesión económica que ha dejado a miles de familias cubanas en una situación precaria.

La corrupción y la malversación se han convertido en respuestas comunes ante el colapso de las estructuras estatales, donde muchos trabajadores públicos se ven obligados a recurrir a prácticas ilícitas para sobrevivir.

Estos actos, aunque castigados por la ley, reflejan una profunda crisis moral y económica que afecta a la sociedad cubana en su conjunto.

La sentencia dictada puede ser impugnada a través de un recurso de casación, que tanto los condenados como la Fiscalía tienen derecho a presentar, aunque el hecho de que el juicio esté siendo utilizado como ejemplarizante sugiere que las autoridades castristas no cambiarán de opinión sobre la sentencia.

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