Condenan a madre y pareja por maltrato infantil en La Habana

El Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana, ha dictado sentencia contra Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González, condenándolos por corrupción de menores y abusos.

Ambos acusados fueron responsables del maltrato y abandono de las hijas menores de Daima, que tenían edades entre 1 y 10 años.

Durante el juicio, que tuvo lugar en la capital cubana, se expusieron detalles estremecedores sobre el trato negligente que las menores recibieron por parte de su madre y su pareja.

Las niñas, que no recibieron educación adecuada y no fueron alimentadas ni atendidas médicamente, fueron sometidas a condiciones extremas de abandono. En varias ocasiones, Daima dejó a sus hijas solas en casa, incluso durante la noche, lo que las dejó expuestas a riesgos graves.

El tribunal también escuchó los relatos sobre el abuso sexual cometido por Carlos Díaz González, pareja de Daima, quien aprovechó la negligencia para agredir a las menores.

En un caso especialmente perturbador, se reveló que Díaz González tocó a la hija de 7 años en sus partes íntimas, un acto que fue tolerado por la madre. Además, los acusados forzaban a las niñas a pedir dinero y alimentos a desconocidos en las calles, utilizando el dinero recaudado para su consumo personal de alcohol.

Ante los hechos presentados, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo sentenció a Daima Rodríguez a 8 años de prisión y a Carlos Díaz González a 10 años.

Asimismo, a Daima se le retiraron los derechos maternos sobre sus hijas y a ambos acusados se les prohibió salir del país. La sentencia se basó en la legislación vigente en el momento de los hechos, la cual resultó ser más benigna que la actual.

Ambos acusados tienen derecho a apelar la sentencia ante la Sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

El tribunal subrayó la importancia de proteger a las víctimas y de garantizar justicia en casos de abuso infantil, asegurando que durante todo el proceso judicial se respetaron las garantías procesales conforme a la Ley del Proceso Penal y la Constitución de la República de Cuba.