Congresista demócrata de Florida es acusada de desvío de fondos federales
El caso involucra también a otras personas que presuntamente participaron en un esquema de lavado de dinero
Un gran jurado federal en Miami, Florida, ha formalizado cargos contra la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, acusándola de desviar fondos federales destinados a la ayuda por desastres para financiar su campaña electoral, informaron autoridades.
El caso involucra también a varios coacusados, quienes presuntamente participaron en un esquema de lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación, Cherfilus-McCormick y su hermano Edwin Cherfilus, residentes en Miramar, utilizaron su empresa familiar de atención médica para desviar un pago indebido de 5 millones de dólares, procedente de fondos federales destinados a la vacunación contra la COVID-19, financiados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
El esquema de lavado de dinero
Las autoridades detallaron que los acusados habrían canalizado los fondos malversados a través de diversas cuentas para ocultar su origen. Parte de ese dinero fue desviado para contribuir a la campaña de Cherfilus-McCormick, mientras que el resto fue destinado a sus beneficios personales.
De igual manera, se señala que Nadege Leblanc, también residente de Miramar, y la congresista Cherfilus-McCormick, gestionaron otras contribuciones mediante testaferros, entre los cuales se encuentran familiares y amigos cercanos.
Estos testaferros habrían recibido los fondos de la empresa familiar para luego hacerlos pasar como contribuciones legítimas a la campaña, cuando en realidad eran transferencias ilícitas.
Acusaciones adicionales y consecuencias
La acusación también involucra a David K. Spencer, preparador de impuestos de Cherfilus-McCormick en 2021, quien está acusado de conspirar para presentar una declaración de impuestos falsa, inflando deducciones personales y caritativas para reducir las obligaciones fiscales de los implicados.
Cherfilus-McCormick enfrenta hasta 53 años de prisión si es hallada culpable, mientras que su hermano podría recibir hasta 35 años. Por su parte, Leblanc podría ser sentenciada a un máximo de 10 años y Spencer a hasta 33 años.
La fiscal general Pamela Bondi calificó el uso de fondos de emergencia con fines personales como un “delito particularmente egoísta y cínico”. En sus palabras, “nadie está por encima de la ley”, y aseguró que “se hará justicia” en este caso.
El fiscal federal Reding Quiñones y agentes del FBI y la División de Investigación Criminal del IRS en Florida anunciaron la acusación formal, recalcando que el uso indebido de los fondos de FEMA daña la confianza pública y perjudica a todos los ciudadanos.
