Contratos filtrados revelan que el régimen controla hasta la gasolina “privada”

La importación privada de combustible en Cuba opera bajo un control casi total del aparato estatal, según contratos filtrados entre Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) autorizadas, Cupet y Cimex.

Los documentos, obtenidos por el medio independiente Periódico Cubano con la colaboración del investigador y youtuber Darwin Santana, exponen que el sector privado puede conservar la propiedad formal del producto, pero pierde el control operativo desde que el combustible entra al país.

En la práctica, el esquema desmonta la idea de una gestión autónoma por parte de las empresas privadas.

El combustible que llega en isotanques a puertos cubanos pasa a ser recibido, almacenado, custodiado y manipulado por entidades del Estado. Incluso la transportación puede quedar en manos de Cupet si así se acuerda.

Control estatal sobre el combustible privado

Uno de los contratos revisados establece que la empresa estatal de combustibles actúa como depositaria desde la entrada del producto al territorio nacional. Aunque el documento reconoce que la Mipyme sigue siendo dueña del recurso, el dominio material durante la fase más sensible recae sobre la estructura oficial.

Eso incluye el resguardo, la conservación, las mediciones y la certificación de calidad. También las eventuales mermas y los procedimientos operativos quedan sometidos a reglas del sistema estatal. No se describe una cadena logística bajo mando privado, sino una inserción obligada dentro de la red gubernamental.

El margen de maniobra de la empresa importadora también queda limitado en el destino del producto. El combustible no puede ser vendido al por menor. Solo puede emplearse para sostener la actividad económica propia de la mipyme que logró autorización para importarlo.

Cupet y Cimex controlan la entrega final

Otro punto clave resaltado por la fuente es la transferencia de responsabilidad dentro del circuito. Si el combustible se descarga en servicentros, la responsabilidad sale de Cupet y pasa a Cimex, que interviene antes de que el producto llegue al cliente final. De ese modo, el acceso queda mediado por varias capas de control estatal.

La entrega, además, no se realiza de forma libre. Depende de tarjetas habilitadas o prepagadas, boletas emitidas por la estatal de combustibles y una coordinación entre las partes sobre cantidades, frecuencia y lugar de despacho. Incluso cuando el combustible es privado, su uso queda subordinado a mecanismos de autorización del régimen.

El costo de usar la infraestructura del régimen

Ese control también tiene un precio. Según los contratos consultados, las tarifas cobradas por Cupet y Cimex por almacenamiento y dispensación oscilan entre 0,05 y 0,06 dólares por litro. En un isotanque con capacidad media de 25.000 litros, la operación puede representar un pago aproximado de 1.375 dólares.

A ese gasto se suman el precio de compra del combustible, el flete marítimo y los aranceles aduaneros en la Isla.

El resultado es un costo elevado para las Mipymes que dependen de ese suministro para funcionar. Aun así, varias aceptan esas condiciones, no por ventaja comercial, sino porque la alternativa es quedarse sin combustible en un país donde hasta la iniciativa privada termina atrapada por la maquinaria de control de la dictadura.