Cuba permitirá la participación de empresas privadas, cooperativas y actores extranjeros en la exploración y extracción de petróleo y gas mediante un nuevo marco legal que entrará en vigor el 19 de octubre de 2026. La medida busca modernizar la industria energética y establecer nuevas condiciones para las inversiones.
La información fue publicada por Periódico Cubano, con base en el Decreto-Ley 135/2026 y el Decreto 184/2026, divulgados en la Gaceta Oficial del 12 de octubre.
La legislación sustituye disposiciones vigentes desde 1938 y 1959. Regula la exploración, producción, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. Su aplicación comprende el territorio nacional, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, aunque mantiene bajo control estatal la propiedad de los yacimientos.
Empresas privadas y extranjeras podrán explorar petróleo en Cuba
El artículo 20 contempla la participación de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, previa autorización. Entre los actores nacionales habilitados mediante concesiones aparecen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las empresas privadas con más de 100 trabajadores y las cooperativas no agropecuarias.
Sin embargo, la inclusión de personas naturales no significa que cualquier ciudadano pueda perforar pozos. Los interesados deberán utilizar las figuras empresariales reconocidas, presentar solicitudes y obtener las aprobaciones correspondientes. Los inversionistas extranjeros también podrán intervenir mediante las modalidades establecidas para la inversión extranjera.
Contratos petroleros en Cuba podrán extenderse hasta 40 años
La normativa establece contratos de producción compartida con una duración máxima de 40 años, prorrogables por otros diez. En estos acuerdos, los operadores recuperarán inversiones y gastos mediante una parte del petróleo obtenido, mientras el resto se distribuirá según los porcentajes pactados.
Las concesiones tendrán una vigencia máxima de 30 años, también prorrogables por una década. Su adjudicación se realizará mediante licitaciones abiertas o procedimientos restringidos en circunstancias excepcionales. Las autorizaciones dependerán del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
Los solicitantes deberán acreditar capacidad técnica, financiera y experiencia. La Oficina Nacional de Recursos Minerales podrá emitir certificados en un plazo máximo de 45 días naturales. Sin embargo, obtener esa acreditación no garantiza contratos ni permisos de explotación.
El Estado cubano mantendrá el control sobre el petróleo y el gas
Aunque incorpora nuevos participantes, la legislación conserva la propiedad estatal de los yacimientos. El Ministerio de Energía y Minas dirigirá la actividad y supervisará el cumplimiento de las regulaciones. Las autoridades también podrán rechazar autorizaciones por razones de seguridad nacional.
Los operadores deberán pagar cánones, regalías y tributos, además de asumir obligaciones ambientales y de seguridad. Los precios de los combustibles tomarán como referencia el mercado internacional, sin establecer rebajas automáticas para los consumidores.
La nueva regulación también concede prioridad a proveedores nacionales que cumplan los requisitos de calidad, plazos y precios competitivos. Asimismo, favorece la contratación de residentes permanentes en determinadas modalidades de inversión extranjera, mientras el Estado mantiene la decisión final sobre las concesiones petroleras.
