Cubana de Hialeah cometió un crimen y perdió su ciudadanía: aquí los detalles
Esta sanción fue decidida por el Departamento de Justicia, el cual calificó el delito como grave
La ciudadana de origen cubano, Mirelys Cabrera Díaz, ha perdido su ciudadanía estadounidense luego de que un tribunal federal del sur de Florida dictara la revocación de la misma, tras comprobar su implicación en un esquema de fraude al sistema de salud de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó la decisión, tomada el pasado 24 de marzo, basada en la ocultación de antecedentes criminales por parte de Cabrera Díaz durante su proceso de naturalización.
La mujer, quien fue naturalizada en 2017, estuvo involucrada entre 2011 y 2014 en un fraude relacionado con el programa Medicare, específicamente con la Parte D, que cubre los costos de medicamentos recetados.
El esquema consistía en sobornar a reclutadores de pacientes para obtener recetas fraudulentas, las cuales luego eran presentadas a farmacias para solicitar reembolsos por medicamentos que nunca fueron entregados, lo que resultó en un pago indebido de más de seis millones de dólares al gobierno de EEUU.
Fraude millonario
Cabrera Díaz admitió su participación en el fraude, y en 2019 se declaró culpable. Fue condenada a 29 meses de prisión y a la obligación de devolver el dinero obtenido ilegalmente.
Sin embargo, la revocación de su ciudadanía se basa en el incumplimiento del requisito de “buen carácter moral” durante el proceso de naturalización, ya que la ley exige una evaluación de la conducta del solicitante durante los cinco años previos a la solicitud de ciudadanía.
Este caso ocurre en un momento en el que EEUU ha intensificado los procesos de revocación de ciudadanía de quienes obtuvieron la nacionalidad de manera fraudulenta. La administración de Donald J. Trump ha aumentado sus esfuerzos para frenar la inmigración, revisando casos de ciudadanos naturalizados en todo el país para detectar posibles fraudes en los procesos de solicitud.
En este sentido, el gobierno ha comenzado a enviar expertos a sus oficinas de inmigración o reasignar personal para centrarse en la revisión de casos, con el fin de proporcionar entre 100 y 200 casos mensuales a la oficina de litigios de inmigración.
Aunque estos casos son poco frecuentes, la decisión de revocar la ciudadanía afecta a personas que ocultaron antecedentes penales o violaciones de derechos humanos durante su proceso de naturalización.
Esta medida ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes, las cuales temen que el enfoque de desnaturalización se amplíe incluso a aquellos que han cumplido con los requisitos legales.
