Cubano deportado a África en huelga de hambre por encarcelamiento injusto
El inmigrante cumplió condena en EEUU, y tras ser deportado por ICE a Esuatini, fue puesto en una cárcel de máxima seguridad sin cargos
Un cubano deportado desde Estados Unidos a Esuatini, en el sur de África, permanece en huelga de hambre dentro de una prisión de máxima seguridad después de más de tres meses encarcelado sin cargos ni acceso a representación legal, según denunció su abogada este miércoles 22 de octubre.
La situación ocurre en medio del programa de deportaciones a terceros países impulsado por la administración de Donald Trump, ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos debido a sus efectos sobre migrantes que ya cumplieron condenas o que buscan un proceso legal establecido.
El cubano Roberto Mosquera del Peral fue trasladado a Esuatini junto a otros cuatro extranjeros en julio, como parte de estas deportaciones aplicadas por la política migratoria de Trump.
De acuerdo con defensores legales, esta medida expone a los deportados a detenciones prolongadas, abusos y falta de garantías procesales, lo que ha intensificado las críticas tanto dentro como fuera de EEUU.
Su abogada, Alma David, indicó en un comunicado enviado a The Associated Press que Mosquera lleva una semana en huelga de hambre y presenta un deterioro evidente de salud.
“Mi cliente está detenido arbitrariamente, y ahora su vida está en peligro”, afirmó. Además, exigió que reciba atención médica y que se permita el contacto con su defensa legal.
La petición incluye un llamado a los Servicios Penitenciarios de Esuatini para que informen sobre el estado del detenido y garanticen sus derechos básicos. Hasta el momento, la prensa ha sido remitida a las autoridades penitenciarias locales, las cuales no respondieron a consultas.
Mosquera es uno de los extranjeros recluidos en la prisión de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital. Según reportes, un detenido jamaicano fue repatriado recientemente, mientras que los demás permanecen bajo custodia desde hace más de tres meses sin que existan cargos formales en su contra.
Un abogado local presentó una demanda para que los extranjeros tengan acceso a asistencia jurídica, mientras grupos civiles cuestionan la legalidad del encarcelamiento.
Esuatini, gobernado por una monarquía absoluta, ha sido señalado por organismos internacionales por restringir libertades políticas y civiles. Aunque las autoridades aseguran que los detenidos serán enviados a sus países de origen, no han ofrecido fechas concretas.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU afirmó que los deportados tienen antecedentes por delitos graves, incluidos asesinato y violación, y calificó a Mosquera como integrante de una pandilla.
Sin embargo, abogados defensores sostienen que los implicados ya cumplieron sus condenas en territorio estadounidense y argumentan que mantenerlos encarcelados nuevamente es una violación al debido proceso.
