Cubano deportado a Eswatini insiste en que fue acusado de asesinato sin pruebas
Fue enviado a África pese a la ausencia de pruebas y de que no se le habían presentado cargos formales
Roberto Mosquera, un cubano de 33 años que emigró a Estados Unidos a los 9, fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Eswatini, un pequeño país en África, generando un fuerte debate sobre la política migratoria y judicial del país.
Su deportación ocurrió a pesar de la ausencia de pruebas en su historial penal y de que no se le habían presentado cargos formales.
El caso ha generado controversia debido a las acusaciones de “asesinato” que pesan sobre Mosquera, las cuales han sido rechazadas por su hija, quien asegura que no existe evidencia alguna para respaldar dicha acusación.
En lugar de ser devuelto a Cuba, país de origen de Mosquera, fue enviado a Eswatini, un destino que ha sorprendido a muchos, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la efectividad del sistema de inmigración de EEUU.
Falta de pruebas y procesos legales cuestionables
Mosquera, quien fue detenido por ICE en 2022, ha estado encarcelado en una prisión de máxima seguridad sin haber sido procesado ni presentado ante un tribunal.
La situación se ha agravado debido a que no se le ha otorgado acceso a una defensa legal adecuada. Como protesta ante lo que considera un trato injusto y arbitrario, Mosquera inició una huelga de hambre en un intento de atraer la atención del movimiento MAGA y de los medios de comunicación estadounidenses.
Su caso pone en evidencia las deficiencias en el manejo de casos de inmigrantes y residentes de larga data que, como Mosquera, llevan más de 20 años en el país sin haber sido procesados por delitos graves.
Según activistas y expertos en derechos humanos, el sistema de inmigración estadounidense no ofrece la protección adecuada a estos individuos, dejándolos vulnerables a acciones arbitrarias como la deportación sin pruebas ni cargos formales.
El impacto de la falta de cooperación entre EEUU y Cuba
Otro factor clave en este caso es la renuencia del régimen cubano a aceptar a los deportados que han vivido fuera de la isla durante muchos años.
Fuentes cercanas al caso indican que Cuba teme que estos individuos puedan tener ideas políticas diferentes y podrían causar disturbios dentro del país, lo que ha generado una falta de cooperación entre ambos gobiernos en los procesos de repatriación.
La hija de Mosquera ha expresado su indignación por la falta de pruebas en su contra y exige una revisión exhaustiva del caso. Según su testimonio, no solo se le niega el debido proceso legal, sino que también se le está sometiendo a una injusticia innecesaria que afecta su integridad y sus derechos humanos.
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