Cubanos detenidos por ICE denuncian sabotaje en sus procedimientos migratorios

Un grupo de cubanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha firmado una denuncia colectiva contra las graves fallas en el servicio de correo dentro del Centro de Detención del Condado de Torrance, en Nuevo México.

Esta situación ha afectado directamente sus procesos legales, dejando a muchos al borde de la deportación.

Según una investigación publicada por Source New Mexico, al menos 50 inmigrantes detenidos en este centro, procedentes de Cuba, México, Venezuela, Camerún, India y el Reino Unido, han asegurado que llevan más de un mes sin poder enviar ni recibir correspondencia de forma regular. Esto incluye documentos legales cruciales como apelaciones migratorias y peticiones judiciales.

Los detenidos han manifestado su frustración a través de dos cartas abiertas fechadas a mediados de diciembre, donde alertan que el servicio postal dentro del centro no funciona correctamente o lo hace de manera deliberada, lo que les impide cumplir con los plazos legales.

Uno de los aspectos más graves de esta situación es que, según los testimonios de los detenidos, el correo solo se entrega una vez a la semana y, en algunos casos, no se recoge para su envío, lo que se considera altamente perjudicial para su derecho a la defensa.

Esta deficiencia en el servicio postal ocurre luego de que ICE renovara su contrato con la empresa privada CoreCivic, operadora del centro de detención, aumentando los pagos mensuales a unos 2,4 millones de dólares.

La renovación del contrato fue aprobada de manera retroactiva tras la expiración abrupta del acuerdo anterior el 31 de octubre de 2025.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes, como Innovation Law Lab, que realizan visitas regulares al centro de detención, aseguran que las fallas en el servicio postal comenzaron después de la salida de un empleado encargado del área, quien nunca fue reemplazado.

El director de programas de Innovation Law Lab, Ian Philabaum, calificó la situación como “indignante”, cuestionando cómo CoreCivic sigue recibiendo fondos públicos mientras no garantiza los principios básicos del debido proceso.

Por su parte, CoreCivic negó las acusaciones, asegurando a Source New Mexico que las denuncias de los detenidos eran “falsas”, aunque no proporcionaron explicaciones detalladas sobre los retrasos ni respondieron a los casos específicos documentados por familiares y defensores legales.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Andre Taylor, un inmigrante jamaiquino cuyo proceso de apelación habría sido retrasado debido a la demora del correo.

Según su hermano, esta situación puso en riesgo inmediato su permanencia en Estados Unidos. Dos semanas después del retraso, Taylor fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas, una instalación que a menudo sirve como preludio a la deportación.

Las normas nacionales de detención de ICE estipulan que los centros deben garantizar un servicio postal adecuado y no retener la correspondencia por más de 24 horas, con el fin de permitir que los detenidos puedan comunicarse con sus abogados, los tribunales y sus familiares. Sin embargo, la falta de cumplimiento de estos estándares pone en evidencia las deficiencias en el sistema de detención y genera graves implicaciones para los derechos de los inmigrantes.