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Denuncian tráfico de droga en Combinado del Este: son los guardias

La denuncia señala que la sustancia, conocida como “Químico” llega a manos de reclusos a través de los custodios

Una denuncia pública señala que funcionarios del penal de máxima seguridad Combinado del Este, ubicado en La Habana, estarían distribuyendo a la droga conocida como “químico” o “papelito” entre los prisioneros.

La acusación, difundida recientemente por Marcel Valdés en su cuenta oficial en X, describe un mecanismo interno de suministro que, de confirmarse, agravaría la crisis de adicciones que golpea a las prisiones de Cuba.

Valdés afirma que la sustancia llega a manos de reclusos a través de los propios custodios. El señalamiento coloca el foco en la actuación de las autoridades penitenciarias y abre interrogantes sobre controles internos, cadenas de mando y responsabilidades administrativas o penales.

 

La droga y sus efectos: una amenaza creciente

El “químico” se ha expandido en las calles cubanas por su alto potencial adictivo y efectos severos, comparables, en impacto, a sustancias como el fentanilo.

La advertencia ahora se traslada a los recintos carcelarios, donde su circulación puede multiplicar riesgos sanitarios y de violencia, además de dificultar cualquier programa de rehabilitación.

Especialistas en salud pública y organizaciones de derechos humanos advierten que el consumo de esta droga dentro de prisiones intensifica la vulnerabilidad de la población reclusa.

Subrayan además la necesidad de protocolos de detección, atención médica y prevención basados en evidencia, así como de auditorías independientes que transparenten lo que ocurre dentro de los penales.

Un problema con antecedentes históricos

La denuncia establece un vínculo entre el rol de autoridades del Estado y el tráfico de drogas, recordando antecedentes de décadas pasadas, incluida la “Causa 1” de los años ochenta asociada al general Arnaldo Ochoa.

Aunque se trata de contextos distintos, la referencia ilustra una preocupación persistente: la posible connivencia institucional con redes ilícitas.

Si el suministro se gesta desde adentro, la cadena de custodia de evidencias, los controles de acceso y la supervisión de personal resultan elementos críticos a auditar. La opacidad carcelaria dificulta la verificación independiente, lo que refuerza el llamado a permitir visitas y monitoreo de actores externos.

El ingreso de “químico” a las prisiones no queda circunscrito a esos entornos. Potencia economías clandestinas, incrementa la corrupción y perpetúa ciclos de consumo que luego rebotan en barrios y comunidades cuando los reclusos recuperan la libertad.

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