EEUU impulsa norma que impide apoyo de vivienda pública a inmigrantes
La medida podría llevar al desalojo de miles de familias, incluso cuando los beneficiarios sean menores o personas nacidas en el país
El gobierno de Estados Unidos avanza en una nueva restricción que podría dejar sin vivienda a miles de inmigrantes, incluso legales o en proceso de regulación, y afectar también a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) impulsa una norma que limitaría el acceso a programas federales de vivienda únicamente a ciudadanos y a inmigrantes con estatus migratorio considerado “elegible”, lo que pondría fin a la asistencia parcial que hoy reciben muchas familias de estatus mixto.
De aprobarse, la medida obligaría a que todas las personas que residan en viviendas públicas subsidiadas presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio válido, sin excepciones. Esto incluye a adultos mayores de más de 62 años, quienes hasta ahora solo debían acreditar su edad para mantener la ayuda.
La regla eliminaría la posibilidad de que hogares donde conviven ciudadanos, residentes legales e inmigrantes sin papeles sigan recibiendo apoyo, incluso cuando los beneficiarios directos sean menores o personas nacidas en el país.
Organizaciones civiles alertan que el impacto sería inmediato. El Center on Budget and Policy Priorities calcula que unas 20.000 familias, equivalentes a cerca de 80.000 personas, podrían perder la asistencia y enfrentar desalojos.
La advertencia principal es que la norma no distingue entre quien recibe el subsidio y quien simplemente vive en el mismo hogar, lo que abre la puerta a expulsiones masivas de viviendas públicas.
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la iniciativa al asegurar que busca impedir que personas no elegibles accedan a recursos financiados con fondos públicos.
Sin embargo, defensores de derechos humanos señalan que el efecto real será castigar a familias vulnerables y profundizar la inseguridad habitacional, incluso entre ciudadanos estadounidenses que dependen del ingreso conjunto del hogar para sobrevivir.
Esta propuesta se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Trump, centrada en endurecer las condiciones de vida de los migrantes como mecanismo de presión.
Durante su actual mandato, la administración ha eliminado o restringido programas de asistencia como los cupones de alimentos, ha impulsado deportaciones masivas y ha reforzado operativos migratorios que también han afectado a ciudadanos, incluidos casos documentados de detenciones erróneas y muertes durante acciones del ICE.
Otras medidas han tenido efectos colaterales similares. Una reciente normativa federal exige que los camioneros dominen el inglés para poder trabajar legalmente, lo que ha dejado fuera del sector a miles de conductores inmigrantes y ha impactado cadenas de suministro completas, afectando a empresas y consumidores por igual.
La norma del HUD retoma una iniciativa ya planteada durante el primer gobierno de Trump y que entonces fue frenada en tribunales. Aunque será publicada en el Registro Federal, la agencia no ha precisado cuándo entraría en vigor.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias y equipos legales se preparan para una nueva batalla judicial, al considerar que la política no solo endurece el control migratorio, sino que utiliza la vivienda como herramienta de castigo colectivo.
La propuesta confirma una línea de gobierno que prioriza la exclusión y la presión social, aun cuando las consecuencias alcancen a ciudadanos estadounidenses y profundicen la crisis habitacional en comunidades ya golpeadas por la pobreza y la falta de servicios básicos.
