EEUU negará las visas a moderadores de contenido y verificadores de información
Con esta medida, las autoridades buscan asegurar que no se ejerzan influencias indebidas sobre la narrativa pública
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) ha emitido nuevas directrices que afectan a los profesionales de la moderación de contenido y la verificación de información, solicitando a sus consulados que nieguen las visas de trabajo a aquellos que desempeñen estas funciones.
La medida, que incide principalmente en los solicitantes de visas H-1B, ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la censura en el país, históricamente considerado un defensor de estos derechos.
Impacto en la libertad de expresión
El Departamento de Estado justifica esta decisión argumentando que los moderadores de contenido y los verificadores de datos tienen un papel decisivo en la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses.
Según el gobierno, su intervención en plataformas digitales podría considerarse como una forma de censura, lo que lleva a un mayor escrutinio de los solicitantes que deseen trabajar en estos roles. Con esta medida, las autoridades buscan asegurar que no se ejerzan influencias indebidas sobre la narrativa pública.
Revisión rigurosa de solicitudes de visas
Como parte de las nuevas regulaciones, se implementará un proceso de revisión más exhaustivo para los solicitantes de visas H-1B que trabajen en la moderación de contenido.
Los funcionarios consulares tendrán que examinar los antecedentes laborales, las publicaciones en redes sociales y las referencias profesionales de los solicitantes para identificar cualquier participación en decisiones que puedan interpretarse como censura.
Mientras que algunos usuarios consideran que la medida es un paso necesario para evitar que los moderadores de contenido ejerzan una influencia indebida sobre las opiniones públicas, otros critican la contradicción de que un país que se ha erigido como defensor de la libertad de expresión limite ahora el trabajo de aquellos que luchan contra la desinformación.
Activistas, abogados y plataformas digitales que dependen de estos profesionales para garantizar que el contenido en línea cumpla con los estándares de calidad, precisión y seguridad, han criticado la medida. Estos aseguran que la política pone en peligro la libertad de expresión y podría obstaculizar la lucha contra el discurso de odio y la desinformación.
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