“Es un castigo colectivo”: María Elvira Salazar critica suspensión de trámites migratorios
La medida drástica medida de seguridad afecta a ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití
La congresista republicana María Elvira Salazar criticó fuertemente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de suspender los trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití, como respuesta al tiroteo perpetrado por un afgano contra miembros de la Guardia Nacional.
En su distrito, el 27 de la Florida, una mayoría de los electores son inmigrantes de estas comunidades latinas y caribeñas, lo que convierte su postura en una defensa directa de los intereses de sus votantes.
La medida que afecta a miles de inmigrantes
Salazar calificó la suspensión como un “castigo colectivo” que afecta a miles de inmigrantes que han cumplido con todos los requisitos legales para su permanencia en Estados Unidos.
Según la congresista cubanoamericana, la suspensión de trámites migratorios, que abarca desde la residencia permanente hasta los permisos de viaje, afecta gravemente a los cubanos, venezolanos y haitianos en el sur de la Florida, quienes ya enfrentaban retrasos significativos en sus trámites.
“Es un castigo colectivo de los inocentes por los pecados de los culpables”, dijo Salazar en una entrevista con el Miami Herald.
Impacto en los inmigrantes del sur de la Florida
La decisión del gobierno republicano afecta especialmente a los inmigrantes que habían estado esperando años por su estatus migratorio.
Los procedimientos de residencia permanente (Green cards), reemplazos de tarjetas de residente, procesos de naturalización, asilo y otros trámites migratorios se han detenido indefinidamente, creando incertidumbre y desesperanza entre las comunidades afectadas.
La funcionaria, quien se apartó de la disciplina partidista, subrayó que esta medida agrava los ya largos tiempos de espera.
Críticas a la suspensión de trámites
Salazar defendió la existencia de mecanismos de control ya implementados, como la verificación de antecedentes penales, que según ella deberían ser suficientes para garantizar la seguridad nacional sin afectar a los inmigrantes legales.
“No debemos suspender los trámites de miles de personas que ya han demostrado su voluntad de cumplir con la ley”, argumentó.
La congresista también mencionó la Ley Dignidad, que presentó en colaboración con un comité bipartidista, con la intención de regularizar a más de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos.
A pesar del apoyo inicial, la propuesta no ha avanzado ni bajo la administración de Biden ni en el actual congreso republicano, lo que sigue siendo un obstáculo para muchos inmigrantes que aún esperan una solución legal a su situación.
