¿Estafa o corrupción? Le quitan su casa a anciano con documento falso en Bauta
El hombre y sus nietas cuidadoras fueron desalojados pese a haber interpuesto denuncias y a que el supuesto poder notarial no está registrado
Un anciano de 92 años denunció que su vivienda familiar corre riesgo de ser transferida a terceros mediante un poder notarial presuntamente falsificado, según reclamos divulgados por su familia.
El caso involucra a varias entidades estatales del municipio de Bauta, en La Habana, y ha generado preocupación por la posibilidad de que una persona de avanzada edad quede sin hogar.
De acuerdo con los testimonios publicados por la familia en redes sociales, el adulto mayor había otorgado previamente un poder legal a su nieta como copropietaria por representación.
Sin embargo, un nuevo documento habría revocado esa autorización y permitido que terceros gestionaran acciones ante Vivienda, Planificación Física y bufetes colectivos. La familia sostiene que ese poder nuevo nunca fue firmado ni consentido por el anciano.
La nieta afirma que la revocación del poder original no se registró a tiempo en los sistemas notariales, lo que permitió que se tramitaran gestiones sin que la familia pudiera intervenir.
Según su denuncia, esa ausencia de registro facilitó mediciones del inmueble y evaluaciones por parte de funcionarios locales, pese a que el titular asegura no haber autorizado ningún proceso.
El afectado cuestiona el contenido del poder en disputa y rechaza haber cedido la vivienda. Además, descarta la posibilidad de dejar sin techo a quienes han sido sus cuidadoras directas.
“¿Ustedes creen que… yo voy a hacer un poder tan grosero como este para entregarle mi casa a nadie?… Sería lo más bajo… quitarle la casa a su nieta y a sus nietas, que son las que lo han cuidado”, declaró.
La familia ha presentado denuncias por presunta falsificación de documentos públicos y robo, aunque señala que no ha recibido respuestas concluyentes.
El conflicto se agravó tras la salida temporal del país de la nieta, quien afirma que, al regresar, encontró a personas alojadas en la vivienda alegando haberla comprado. También señala haber sido desalojada de hecho, sin una orden judicial, lo que dificultó recuperar la propiedad.
En diferentes instancias institucionales, la familia asegura haber recibido respuestas contradictorias.
En un inicio, funcionarios habrían indicado que los documentos estaban en orden, mientras que posteriormente admitieron que la revocación no aparecía registrada en el sistema. Este conjunto de irregularidades, según la versión familiar, generó retrasos administrativos y ausencia de resoluciones.
Las denuncias también mencionan a notarías y funcionarias vinculadas con la emisión o validación de documentos, así como a autoridades municipales relacionadas con catastros y registros.
Hasta el momento, la Fiscalía municipal habría abierto una investigación, pero la familia afirma que las citaciones y plazos se han extendido sin resultados concretos.
El anciano y su nieta piden una revisión exhaustiva del caso. En su declaración pública, el adulto mayor solicitó “que se haga justicia”, debido al riesgo de perder su vivienda y quedar en situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, la disputa permanece sin resolución definitiva y expone las fragilidades de los procedimientos notariales y una potencial corrupción en la Isla.
