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Expertos advierten que patrocinadores de parole podrían enfrentar demandas

Estos podrían verse obligados a reembolsar las ayudas públicas recibidas por sus beneficiarios

El abogado de inmigración Willy Allen advirtió que los patrocinadores del parole humanitario para cubanos y haitianos podrían verse obligados a reembolsar al gobierno de EEUU por las ayudas públicas recibidas por sus beneficiarios, incluso si esas ayudas son legales.

La preocupación de Allen gira en torno a un posible conflicto legal entre el contrato firmado por los patrocinadores y la normativa federal que autoriza el acceso a prestaciones bajo el programa de parole.

La amenaza para los patrocinadores del parole humanitario

Willy Allen expresó su principal preocupación respecto a los patrocinadores del parole humanitario: la posible demanda civil por parte del gobierno de EEUU para exigirles el reembolso de las ayudas económicas recibidas por los beneficiarios.

Durante una entrevista con el periodista Wilfredo Cancio, el abogado recordó que muchos patrocinadores firmaron un compromiso económico donde garantizaban que los beneficiarios no utilizarían fondos federales.

Sin embargo, bajo la normativa del programa de parole, los beneficiarios pueden acceder a ciertas ayudas, lo que genera un conflicto con los contratos firmados previamente.

El dilema legal radica en la tensión entre el contrato individual firmado por el patrocinador, que prohíbe el uso de ayudas públicas, y la ley federal que permite que los beneficiarios del parole accedan a determinados beneficios.

Según Allen, lo que podría decidir el resultado de este conflicto es cuál de estas dos normas pesa más ante un tribunal: el contrato privado firmado por el patrocinador o la ley federal que autoriza el acceso a ayudas.

Las demandas civiles

De acuerdo con el jurista, las demandas que enfrentarían los patrocinadores serían civiles, donde el gobierno intentaría que un juez declare que el patrocinador debe reembolsar el dinero recibido por el beneficiario.

También advierte que estos procesos legales pueden durar años y que, en un primer momento, es probable que la interpretación de la ley favorezca al gobierno.

Aunque los patrocinadores no tendrían que pagar de inmediato, el abogado sugiere que, dependiendo del monto en cuestión, algunos patrocinadores optarán por pagar para evitar el litigio, mientras que otros lucharán hasta el final.

De momento, Allen se muestra escéptico sobre cómo se resolverá la disputa, aunque señala que, bajo la administración actual, es probable que los patrocinadores pierdan la primera batalla legal.

Pese a esto, recalcó que, en última instancia, la ley federal prevalecerá sobre los acuerdos privados, lo que podría cambiar el curso de los litigios según la interpretación de tribunales superiores o una futura administración.

“Hay leyes establecidas y, en todo caso, si el gobierno federal insiste en cobrarles, podrá litigarse en las cortes”, recalcó.

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