FEMA transfiere 608 millones a Florida para operar centros de detención migratoria
El desembolso, realizado un día antes del cierre parcial del Gobierno federal, llega tras meses de controversia
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) entregó 608 millones de dólares a Florida el 30 de septiembre para cubrir gastos operativos de dos centros estatales de detención de inmigrantes (Alligator Alcatraz y Deportation Depot), según confirmó la Oficina Ejecutiva del gobernador Ron DeSantis.
El desembolso, realizado un día antes del cierre parcial del Gobierno federal, llega tras meses de controversia, demandas ambientales y debate sobre la naturaleza del proyecto.
“Otro relato falso se desmorona. Siempre dije que seríamos reembolsados”, celebró DeSantis. Aun así, enfatizó que el reembolso no altera el control del plan, y que seguía siendo “propiedad del estado y una misión estatal”.
Another bogus narrative bites the dust.
I said all along that we would be reimbursed. https://t.co/6uWkR3P7f4
— Ron DeSantis (@RonDeSantis) October 2, 2025
Alligator Alcatraz se levantó sobre las pistas del aeropuerto Dade-Collier, dentro del Big Cypress National Preserve, en el condado Collier. Deportation Depot opera en las instalaciones cerradas de la prisión Baker Correctional Institution. El primero demandó más de 250 millones de dólares en menos de un mes y proyecta 450 millones anuales de operación.
Documentos estatales y declaraciones de la subdirectora de ICE, Madison Sheahan, señalan que los recursos provinieron de partidas del programa federal de Albergue y Servicios, diseñado para apoyar a gobiernos locales y organizaciones que asisten a migrantes.
El financiamiento federal reactivó una demanda contra Florida y el Gobierno de EE. UU., interpuesta por Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee.
Los demandantes sostienen que el uso de terrenos en los Everglades requiere un estudio ambiental que no se realizó.
“El financiamiento de FEMA confirma que se trata de un proyecto federal, que debe cumplir con las leyes ambientales federales”, dijo Elise Bennett, directora en Florida del Center for Biological Diversity.
En agosto, un juez federal ordenó frenar temporalmente la obra; en septiembre, una corte de apelaciones permitió retomarla al considerar que Florida no había recibido fondos federales.
Con la transferencia del 30 de septiembre, los grupos ambientalistas afirman que el escenario cambia de forma sustancial.
“El otorgamiento de fondos de FEMA es evidencia de que Alligator Alcatraz debe detenerse para cumplir con las protecciones ambientales básicas”, señaló Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.
La operación de estos centros se enmarca en la política migratoria de la administración de Donald J. Trump. Esta semana, los alguaciles de Florida pidieron 250 millones adicionales del presupuesto estatal para tecnología, ampliación de capacidad de detención y bonificaciones a agentes involucrados en operativos.
Las acciones se coordinan con el programa 287(g), que habilita a autoridades locales a desempeñar funciones federales de inmigración.
Aunque el gobernador subraya el carácter estatal de la iniciativa, la inyección de fondos de FEMA abre interrogantes legales sobre la supervisión ambiental y el alcance federal del proyecto. El litigio podría definirse en torno a si el reembolso convierte a Alligator Alcatraz y Deportation Depot en empresas sujetas de lleno a normas ambientales federales.
Organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee alertan por el impacto en ecosistemas frágiles del Big Cypress y los Everglades. El Estado, por su parte, defiende la construcción como herramienta para reforzar la detención y el traslado de migrantes bajo lineamientos federales.
En el corto plazo, el flujo de recursos garantiza la continuidad operativa de las instalaciones. En lo judicial, los demandantes buscan suspender el proyecto para forzar evaluaciones ambientales y redefinir competencias. En lo político, la transferencia alimenta la narrativa de cooperación entre Tallahassee y Washington en materia migratoria, pese a las tensiones sobre jurisdicción y control.
El proceso legal seguirá marcando el ritmo de la obra y sus operaciones. El desenlace dependerá de cómo los tribunales interpreten el papel de FEMA y la obligación de cumplir con estándares ambientales federales en terrenos protegidos.
