ESTADOS UNIDOS

Fiscal de Florida afirma que “Alligator Alcatraz” seguirá operando pese a fallo federal

El estado de Florida solicitó al tribunal de apelaciones suspender la orden de cierre del centro con el objetivo de mantener la instalación en funcionamiento

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó este domingo que el estado seguirá operando el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, pese a la orden de cierre emitida por una jueza federal.

La declaración se produjo en una llamada a Local 10 News, donde informó que ya presentó un aviso de apelación contra el fallo judicial.

“Seguiremos operando las instalaciones (…) Creemos que son instalaciones totalmente legales. Este es un esfuerzo de los ambientalistas, de la izquierda, de los demócratas y, honestamente, de este juez, para obstaculizar nuestras medidas de control migratorio. No les gustan las deportaciones”, señaló Uthmeier.

De igual manera, el funcionario utilizó sus redes sociales para calificar la medida de cerrar Alligator Alcatraz como injusta, agregando que ya se había apelado la decisión.

 

Batalla legal en los tribunales

El estado de Florida solicitó al tribunal de apelaciones suspender la orden de cierre del centro a partir del lunes a las 5:00 p. m., con el objetivo de mantener la instalación en funcionamiento.

La decisión de la jueza federal Kathleen Williams, emitida días atrás, obliga a desmantelar el centro en un plazo máximo de 60 días, tras concluir que su construcción generó daños ambientales irreversibles en los Everglades.

La disputa legal se intensifica, pues organizaciones de derechos civiles presentaron una nueva demanda federal cuestionando la legalidad del sitio. La acción, presentada por la ACLU, la ACLU de Florida, el Community Justice Project y el National Immigrant Justice Center, representa el tercer litigio de peso contra Alligator Alcatraz.

Demandas acumuladas contra Alligator Alcatraz

El centro enfrenta múltiples acusaciones. Una primera demanda denunció que migrantes eran presionados a firmar órdenes de deportación sin acceso a abogados y con limitaciones para comunicarse con sus defensores.

Una segunda fue presentada por la tribu Miccosukee y grupos ambientalistas, que alegaron violaciones a leyes federales y daños irreparables a especies protegidas en los Everglades.

Aunque el centro fue inaugurado en julio de 2025 y presentado por DeSantis y Donald Trump como un modelo replicable, los testimonios de migrantes y abogados exponen un escenario crítico: carpas sin ventilación, baños colapsados, alimentos infestados de gusanos, constantes apagones y plagas de mosquitos en pleno calor del pantano.

Las denuncias de maltrato y precariedad contrastan con el discurso oficial que defiende la instalación como un pilar del control migratorio. Ahora, el litigio en curso definirá si Alligator Alcatraz continúa operando o si finalmente se cumple la orden federal de cierre.

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