El Gobierno cubano aprobó nuevas reglas para el Sistema de Atención a las Familias (SAF) que permitirán a empresas, negocios privados y otras entidades gestionar comedores destinados a personas vulnerables en la Isla. La medida entrará en vigor el 11 de agosto y busca sostener estos servicios mediante producciones locales, autogestión y aportes de diferentes actores económicos, aunque el Estado conservará el control sobre su funcionamiento y los precios.
Las nuevas disposiciones establecen que los prestadores deberán garantizar dos comidas diarias, aportes nutricionales adecuados, higiene y variedad en los menús. El cambio ocurre después de años en los que estos establecimientos han enfrentado dificultades relacionadas con la escasez de alimentos, poca diversidad en las ofertas y cuestionamientos sobre la calidad de las comidas.
Privados podrán gestionar comedores para vulnerables en Cuba
El nuevo esquema abre la participación a negocios privados y otras entidades económicas en la administración del SAF. El programa deberá depender principalmente de producciones locales y mecanismos de autogestión. Los recursos aportados directamente por el Estado, así como los donativos que puedan recibir estos comedores, estarán condicionados a su disponibilidad.
Pese a ampliar la participación de actores no estatales, las autoridades conservarán facultades sobre aspectos centrales del servicio. El Gobierno mantendrá el control de los precios y supervisará el funcionamiento de los establecimientos, mientras los nuevos gestores asumirán responsabilidades relacionadas con la alimentación y atención cotidiana de los beneficiarios.
Cubanos cuestionan el traslado de responsabilidades del Estado
La decisión ha generado opiniones divididas entre cubanos en redes sociales. Algunos consideran que incorporar al sector privado podría ayudar a mejorar la calidad de las comidas destinadas a ancianos y otras personas vulnerables, especialmente ante las dificultades económicas que atraviesa el país.
Otros usuarios interpretaron la decisión como un intento del Gobierno de trasladar al sector privado responsabilidades sociales que tradicionalmente correspondían al Estado. Entre las críticas aparecen cuestionamientos sobre el destino de los impuestos destinados a la seguridad social y sobre la capacidad de empresas y negocios para sostener estos servicios en medio de la escasez.
Una internauta señaló que existen comedores de empresas que han cerrado porque las entidades responsables no cuentan con recursos suficientes para mantenerlos. Otros comentarios plantearon dudas similares sobre cómo podrán garantizarse dos comidas, variedad y calidad cuando muchas empresas enfrentan problemas para cubrir sus propias necesidades.
También surgieron preocupaciones sobre los precios. Una usuaria calificó la medida como positiva si contribuye a mejorar la alimentación de la población vulnerable, pero pidió prestar atención al costo de almuerzos y comidas porque numerosos beneficiarios dependen de subsidios estatales y asistencia social.
Piden incentivos para privados que apoyen el programa SAF
Entre las opiniones favorables apareció además la propuesta de conceder estímulos tributarios a negocios privados que participen en el programa. Quienes respaldan esa posibilidad consideran que sería una manera de incentivar la colaboración con una actividad de carácter social, siempre acompañada de controles y evaluaciones sobre la calidad del servicio.
Las nuevas reglas colocan así una mayor parte de la operación del SAF en manos de empresas, emprendimientos privados y otros actores económicos, mientras el Gobierno mantiene la regulación. Su aplicación determinará si el modelo consigue mejorar la alimentación de personas vulnerables o si las limitaciones de recursos que durante años han afectado estos comedores persisten bajo una nueva forma de gestión.
