Inicia el segundo juicio contra el exministro cubano Alejandro Gil

El segundo juicio contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, habría comenzado el pasado miércoles en La Habana, en medio de un riguroso operativo de secretismo.

El exfuncionario enfrenta cargos por diez delitos, incluidos malversación y lavado de activos, en un proceso judicial que se celebra sin informar a la población cubana, según fuentes del Diario de Cuba. La falta de transparencia en el juicio ha generado gran preocupación entre juristas y defensores del debido proceso.

El juicio se está llevando a cabo en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, un tribunal que anteriormente también acogió el juicio contra Gil, cuando fue acusado de espionaje y vinculado a la CIA.

En esta ocasión, el proceso involucra a más de diez acusados, lo que obligó a reorganizar la sala debido a la gran cantidad de implicados. La ausencia de información clara y detallada sobre los acusados y los cargos que enfrentan ha intensificado las especulaciones sobre las implicaciones políticas de este juicio.

Juristas consultados por el citado medio, que prefirieron permanecer en el anonimato, expresaron sus preocupaciones sobre la falta de transparencia y las violaciones al debido proceso en este juicio.

Un abogado de Villa Clara destacó que la población tiene derecho a conocer los detalles de un juicio de corrupción que involucra a una figura de tan alto perfil, especialmente cuando este proceso tiene implicaciones en la dirección del país. La falta de acceso a la información y la ausencia de la posibilidad de observar las pruebas socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial cubano.

Falta de transparencia y control político

La decisión de fraccionar el juicio en varias partes ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso. Los expertos afirman que esta división del juicio socava la credibilidad del sistema penal cubano.

Según un experto, el fiscal tiende a acusar solo lo que le conviene y omitir o eliminar lo que podría resultar incómodo. Esta falta de autonomía en el sistema judicial cubano, sumada a las manipulaciones procesales, genera un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos.

Una jueza provincial con más de 20 años de experiencia en el sistema judicial de Cuba advirtió que el juicio contra Gil apunta claramente a un fallo anticipado.

La jueza destacó que, en el contexto cubano, el hermetismo procesal y las restricciones a la publicidad de los juicios no son la excepción, sino la norma. Según esta experta, estas prácticas responden a la lógica política del régimen, dado que Gil, como ministro, tuvo acceso a información clasificada que podría comprometer al Estado. La filtración de estos detalles, especialmente si involucran a figuras de alto nivel, sería un golpe significativo para el régimen.

Condiciones restrictivas para la defensa

El abogado defensor de Gil, Abel Solá, ha sido descrito como un profesional brillante, pero las condiciones en las que trabaja están severamente limitadas.

Fuentes cercanas al defensor informaron que su acceso a la información sobre el caso está restringido y que la comunicación con otros abogados se ha vuelto prácticamente imposible. Esto refleja el control estricto que la seguridad del Estado ejerce sobre los abogados que manejan casos de alto perfil, como el de Gil Fernández.