Juez declara ilegal la política de Trump sobre deportaciones a terceros países
Como consecuencia, el magistrado ordenó la cancelación inmediata de la mencionada política
Un juez federal en Massachusetts ha declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que permite la deportación de inmigrantes a terceros países sin notificación previa ni la posibilidad de impugnar su traslado.
La decisión representa un golpe a una normativa emitida durante la administración de Donald J. Trump.
Según informa CBS News, el juez de distrito Brian Murphy falló a favor de un grupo de no ciudadanos que habían presentado una demanda colectiva el año pasado contra el DHS.
El magistrado ordenó la cancelación inmediata de la política de deportación a terceros países, la cual fue establecida en marzo y reafirmada en julio. Sin embargo, la implementación del fallo queda suspendida por 15 días para permitir que el gobierno presente una apelación.
La controvertida norma permitía a los oficiales de inmigración deportar a los migrantes a países distintos al de su orden de deportación, sin necesidad de notificarles previamente ni ofrecerles la oportunidad de impugnar su traslado, siempre y cuando el país receptor asegurara que no serían perseguidos ni torturados.
El juez cuestiona la falta de transparencia
En su fallo, el juez Murphy destacó que la política violaba la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso.
Según el magistrado, la falta de transparencia en relación con las “garantías” ofrecidas por los países receptores no cumplía con los estándares constitucionales.
El juez sostuvo que, bajo la normativa del DHS, los migrantes podían ser arrestados y enviados a destinos desconocidos sin que el gobierno tuviera pruebas de que enfrentarían violencia o persecución.
“No es correcto ni legal”, dijo el juez Murphy en su fallo, al subrayar las protecciones federales contra la persecución y la tortura.
El caso comenzó en marzo del año pasado cuando cuatro extranjeros presentaron una demanda colectiva contra el DHS, alegando que la política les ponía en riesgo de ser enviados a países donde podrían ser perseguidos.
Reacciones del gobierno
En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la autoridad constitucional del gobierno para deportar a inmigrantes en situación irregular. Un portavoz del DHS expresó confianza en que la política será respaldada nuevamente en instancias superiores.
Por su parte, la Casa Blanca criticó la decisión y reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley migratoria federal, asegurando que continuará con su campaña de deportaciones masivas.
La disputa judicial ha escalado hasta la Corte Suprema, que en junio permitió que las deportaciones a terceros países continuaran mientras avanzaban los litigios en instancias inferiores. Además, días después, la Corte autorizó la deportación de un grupo de migrantes detenidos en una base naval estadounidense en Yibuti hacia Sudán del Sur.
