ESTADOS UNIDOS

Jueza federal reitera cierre de ‘Alligator Alcatraz’ pese a rebeldía de Florida

Mientras el estado se niega a reconocer el fallo en su contra por daños ecológicos, la jueza ordenó el cierre de las instalaciones

Una jueza federal en Miami ratificó la clausura del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, al negar la petición del gobierno de Estados Unidos de suspender la medida mientras avanza su apelación.

De acuerdo con Associated Press, la magistrada Kathleen Williams instruyó que en un plazo de 60 días se reduzca la población de detenidos mediante traslados.

También ordenó que, una vez vaciado, se desmonten cercas, generadores y sistemas de iluminación. Además, quedó prohibido el ingreso de nuevos reclusos.

La demanda fue presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee, que alertaron sobre los daños al ecosistema de los Everglades y la amenaza a décadas de inversión pública en restauración.

La jueza coincidió en que las autoridades incumplieron leyes ambientales al levantar la instalación. “Alligator Alcatraz” abrió el 1 de julio tras dos meses de construcción en un aeródromo militar en desuso.

El proyecto, impulsado con contratos por más de 245 millones de dólares, fue cuestionado desde el inicio por su localización y por denuncias sobre condiciones precarias.

El presidente Donald Trump visitó el lugar en julio y lo calificó como modelo para futuros centros migratorios dentro de su estrategia de acelerar deportaciones y ampliar la infraestructura de detención.

A la par, varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas adicionales, denunciando detenciones sin cargos, falta de acceso a abogados y personas desaparecidas del sistema en línea de ICE, irregularidades que calificaron como “sin precedentes”.

Otro litigio, en curso en Fort Myers, busca declarar ilegal cualquier operación estatal en ese complejo.

La decisión judicial supone un duro golpe a la expansión de instalaciones migratorias en Florida y abre presión política y legal tanto para la Casa Blanca como para el gobierno estatal.

En Orlando, el gobernador Ron DeSantis defendió la continuidad de las operaciones migratorias, asegurando que su administración seguirá deteniendo y deportando inmigrantes como parte de un esfuerzo paralelo al del gobierno federal.

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