Jueza frena decisión de Trump: esperanza para cubanos con CBP One
El fallo devuelve alivio a parte de los más de 900.000 migrantes que ingresaron al país con esa vía
Una jueza federal en Boston ordenó a la administración de Donald J. Trump revertir la cancelación del estatus legal de miles de migrantes que entraron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, en una decisión que favorece a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses afectados por la medida aplicada en 2025.
La magistrada Allison Burroughs concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma ilegal al enviar avisos masivos para poner fin a la libertad condicional humanitaria concedida a estas personas.
El fallo devuelve alivio a parte de los más de 900.000 migrantes que ingresaron al país con esa vía durante la administración de Joe Biden.
Según Reuters y CBS News, el gobierno de Trump canceló ese mecanismo tras regresar al poder y en abril de 2025 comenzó a enviar correos electrónicos en los que notificaba a muchos beneficiarios que debían abandonar el país.
Qué decidió la jueza en Boston
Burroughs determinó que el DHS no siguió los procedimientos exigidos por la ley y por sus propias regulaciones antes de anular esos permisos.
La jueza señaló que las notificaciones de cancelación requerían un expediente que demostrara que un funcionario había concluido que los objetivos de la libertad condicional ya se habían cumplido, un paso que no quedó acreditado.
La decisión judicial se produjo dentro de una demanda colectiva presentada por migrantes de Venezuela, Cuba y Haití, junto con la organización Venezuelan Association of Massachusetts.
Los demandantes sostuvieron que la administración ejecutó una revocación abrupta e ilegal de la libertad condicional y de los permisos de trabajo vinculados a ese beneficio migratorio.
¿Qué pasó con los beneficiarios de CBP One?
Los afectados por esta disputa son migrantes que entraron con CBP One entre el 13 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025. En términos generales, habían recibido un período de dos años de libertad condicional humanitaria tras usar la aplicación para programar una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y presentarse en la frontera entre México y Estados Unidos.
Cuando el gobierno de Trump activó las cancelaciones, muchos de esos migrantes recibieron mensajes con una orden directa: “Por favor, abandone Estados Unidos de inmediato”.
La medida también alcanzó los permisos de trabajo, lo que dejó a miles de personas en una situación más precaria, sin certeza migratoria y con menos opciones para sostenerse legalmente.
Antes de esta sentencia definitiva, otra jueza federal había bloqueado de forma temporal las cancelaciones poco después de que comenzaran los correos masivos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió en septiembre de 2025 que la administración continuara con ese proceso mientras avanzaba el litigio. El nuevo fallo cambia otra vez el panorama para quienes dependían de esa protección.
Impacto para los cubanos y reacción del gobierno
Para los cubanos que entraron con CBP One, la orden representa una victoria judicial de peso en medio del endurecimiento migratorio en Estados Unidos.
Aunque la sentencia no resuelve de manera automática todos los casos individuales, sí frena una acción masiva que había puesto en riesgo la permanencia legal de miles de personas que llegaron al país bajo un mecanismo autorizado por el propio gobierno federal.
La abogada Skye Perryman, de Democracy Forward, celebró la decisión y dijo que el tribunal rechazó el intento de borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con un clic.
Del otro lado, un portavoz del DHS calificó el dictamen como “activismo judicial descarado” y afirmó que interfiere con la autoridad del presidente para decidir quién puede permanecer en Estados Unidos.
El caso sigue siendo una referencia clave para la comunidad migrante cubana, que en los últimos años ha recurrido a distintos programas temporales para entrar o regularizarse en Estados Unidos.
El fallo de Boston no elimina la incertidumbre que pesa sobre la política migratoria bajo Trump, pero sí marca un límite judicial frente a decisiones ejecutivas que intentan deshacer, de forma masiva, protecciones ya concedidas a los migrantes.
