Jueza frena medida que buscaba el fin del estatus legal de miles de cubanos en EEUU
Esto evita, al menos de momento, que miles de migrantes enfrenten una deportación forzada a sus países
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó esta semana la decisión de la administración de Donald J. Trump que buscaba poner fin al estatus legal temporal de entre 10.000 y 12.000 migrantes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, acogidos a programas de reunificación familiar que les permitieron residir legalmente en el país junto a sus familiares.
La medida judicial, emitida desde el Distrito de Massachusetts, frena la acción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y evita, al menos de forma inmediata, que miles de personas enfrenten la deportación o el retorno forzado a sus países de origen.
La jueza Indira Talwani anunció que dictará una orden de restricción temporal para impedir que el DHS ejecute la cancelación de estos programas migratorios, cuya eliminación estaba prevista para el 14 de enero de 2026.
La decisión representa un revés significativo para la agenda migratoria de la administración republicana y ofrece un alivio momentáneo a familias que ya habían iniciado procesos de integración en Estados Unidos.
Bloqueo judicial a la política migratoria de Trump
Durante la audiencia, Talwani cuestionó con dureza el proceder del DHS, al señalar que la agencia no cumplió con los requisitos legales de notificación antes de retirar el estatus legal a los migrantes.
La jueza expresó su inconformidad con la falta de aviso previo y con la forma en que se pretendía ejecutar la medida.
“Tengo un grupo de personas aquí que intentan seguir la ley, y yo les estoy diciendo que nosotros, América, también debemos seguir la ley”, afirmó Talwani, dirigiéndose a los abogados del Departamento de Justicia.
La magistrada subrayó que el respeto a los procedimientos legales es obligatorio incluso cuando se trata de decisiones de política migratoria impulsadas desde el Ejecutivo.
De haberse aplicado la orden de la administración Trump, miles de migrantes habrían quedado en situación irregular de un día para otro, expuestos a procesos de deportación acelerada o forzados a regresar a países marcados por la inestabilidad económica, la violencia o regímenes autoritarios, como ocurre en el caso cubano.
Migrantes y familias, los más afectados
El abogado defensor de los migrantes, Justin Cox, calificó la decisión del DHS como “escandalosa”. Según explicó ante el tribunal, cerca del 30 % de las personas afectadas son niños que asisten a escuelas en Estados Unidos y que habrían sido arrancados de sus entornos educativos y familiares de manera abrupta.
Para muchas familias cubanas en el exilio, estos programas representaban una vía legal y ordenada para reunificarse, frente a un sistema migratorio marcado por largos retrasos y obstáculos burocráticos.
La posibilidad de perder el estatus legal no solo implicaba la deportación, sino también la separación familiar y la interrupción de procesos laborales y educativos ya en marcha.
En contraste, la abogada del Departamento de Justicia, Katie Rose Talley, defendió la postura del gobierno al afirmar que el DHS cuenta con amplia discreción para revocar el estatus legal temporal otorgado bajo estos programas. Su argumento se centró en la autoridad del Ejecutivo para modificar o eliminar políticas migratorias sin necesidad de mantenerlas en el tiempo.
