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¡La audacia! Régimen acusa a Trump de violaciones a derechos humanos

La dictadura de Díaz-Canel criticó las políticas antiinmigrantes del republicano, mientras mantiene más de 1.000 presos políticos

El cinismo del gobierno de Cuba no tiene límites, y este jueves, criticó duramente el discurso migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusándolo de “violaciones a los derechos humanos”, una recriminación común contra el propio régimen castrista.

A través de sus medios oficiales, el régimen denunció a la actual administración republicana por promover la intimidación, la criminalización de inmigrantes y otras violaciones de derechos humanos, que si bien sí han sido denunciadas como tales por organizaciones defensoras de los derechos humanos, estas también han denunciado al gobierno de Cuba.

El pronunciamiento es una muestra de cinismo e hipocresía por su marcado contraste con la realidad interna de la Isla, donde el propio régimen mantiene un historial documentado de represión política, encarcelamientos y expulsión sistemática de voces disidentes.

El texto oficialista se centra en un mensaje televisado de Trump desde la Casa Blanca, en el que el mandatario estadounidense volvió a colocar la migración como eje de su narrativa política, vinculando a los inmigrantes indocumentados con criminalidad y deterioro social.

La nota cubana cuestiona la falta de pruebas en las afirmaciones del presidente y presenta ese discurso como una amenaza a los derechos humanos y la convivencia social.

No obstante, omite cualquier referencia a prácticas similares —y en muchos casos más severos— que el Estado cubano aplica dentro de sus propias fronteras.

Mientras La Habana denuncia el “tono intimidatorio” de Trump, en Cuba la intimidación es un mecanismo habitual contra periodistas independientes, activistas y opositores políticos.

Las detenciones arbitrarias, los juicios sin garantías y las condenas por motivos políticos continúan siendo una constante, especialmente desde las protestas del 11 de julio de 2021, en el llamado 11J.

Uno de los casos más emblemáticos es el del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), quien permanece encarcelado tras ser condenado a cinco años de prisión por cargos como “ultraje a los símbolos patrios”, en un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Su detención ha sido denunciada por la falta de debido proceso y por castigar expresiones artísticas y políticas críticas al régimen, al igual que el encarcelamiento de su compañero del MSI, Maykel Osorbo, quien también está detenido desde 2021.

El músico fue condenado a nueve años de cárcel por cargos como “desorden público” y “desacato”, tras participar en manifestaciones pacíficas. Su caso ha sido citado como ejemplo de criminalización del arte crítico y de la protesta social.

Casos como el de Luis Robles, encarcelado por sostener un cartel opositor, y el del disidente José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien también cumplió una larga condena en prisión asntes de ser exiliado a EEUU, son también ejemplo de la represión castrista.

La forma en que se castiga el activismo político presencial, tanto como las manifestaciones virtuales con el uso de la llamada Ley Mordaza, y la censura en el arte y la cinematografía, son más de los ejemplos de represión en la Isla.

A estos se suman más de mil prisioneros políticos que se encuentran actualmente en las cárceles cubanas,  condenados a largas penas por delitos como sedición, tras juicios sumarios y con acceso limitado a defensa legal.

Familiares y organizaciones independientes han denunciado condiciones inhumanas de reclusión y represalias constantes. En ese contexto, la denuncia del Gobierno cubano contra las políticas de Trump aparece, para muchos observadores, como un ejercicio de doble rasero.

Mientras critica la criminalización del migrante en EEUU, que si bien sí están en condiciones infrahumanas en los centros de detención y sin acceso a asesoría legal, el régimen de las mismas faltas que su homónimo norteamericano.

La dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel mantiene encarcelados a ciudadanos por expresar opiniones, protestar pacíficamente o ejercer derechos básicos como la libertad de expresión y asociación, al mismo tiempo que acusa a otros de violar derechos humanos, mientras sus faltas siguen acumulándose, documentadas.

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