Una iniciativa legislativa que busca ofrecer estabilidad migratoria a millones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos podría beneficiar a determinados cubanos que llegaron al país antes de 2021.
Se trata de la Ley Dignidad, una reforma que permitiría obtener autorización laboral y protección contra las deportaciones, aunque todavía necesita superar el proceso de aprobación en el Congreso estadounidense.
La propuesta fue presentada el 15 de julio de 2025 por la congresista republicana María Elvira Salazar, representante de Florida, y su colega demócrata Verónica Escobar, de Texas. Identificada como H.R. 4393, combina una solución migratoria para personas establecidas desde hace años en territorio estadounidense con nuevas disposiciones de vigilancia fronteriza y contratación laboral.
La iniciativa vuelve a cobrar relevancia en medio de las diferencias entre Salazar y el presidente Donald Trump por el endurecimiento de las deportaciones. La legisladora, que busca conservar su escaño en las próximas elecciones, ha defendido la necesidad de distinguir entre inmigrantes con antecedentes delictivos y personas que trabajan y mantienen vínculos familiares en Estados Unidos.
¿Cuáles son los requisitos de la Ley Dignidad para los cubanos?
Uno de los principales criterios de elegibilidad es la fecha de llegada. El Programa Dignidad está dirigido a extranjeros establecidos en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, los cubanos que ingresaron durante las oleadas migratorias de 2021, 2022, 2023 y años posteriores no podrían acogerse a ese mecanismo general.
Según la explicación oficial publicada por la oficina de Salazar, los interesados deberán superar una revisión de antecedentes penales, cumplir las leyes estadounidenses, regularizar sus obligaciones tributarias y pagar 7.000 dólares durante siete años. Asimismo, tendrán que presentarse ante el Departamento de Seguridad Nacional cada dos años y mantener una conducta ajustada a las exigencias del programa.
Durante ese período, los participantes elegibles contarían con protección contra la expulsión y autorización para trabajar. Una vez completadas las obligaciones, podrían solicitar el denominado Estatus de Dignidad, renovable mientras continúen cumpliendo las condiciones establecidas. Sin embargo, esta modalidad no concede residencia permanente ni ciudadanía estadounidense.
¿Qué pasaría con los cubanos que tienen I-220A?
Para los nacionales de Cuba que permanecen en Estados Unidos con un formulario I-220A, la propuesta podría representar una alternativa únicamente si reúnen los requisitos correspondientes. Ese documento, por sí solo, no garantizaría la admisión al programa ni sustituiría las verificaciones que contempla la legislación.
El proyecto establece un tratamiento diferente para los llamados dreamers, personas que llegaron al país siendo menores de edad. En su caso, plantea una residencia condicional por diez años y la posibilidad posterior de acceder a la residencia permanente mediante determinados requisitos académicos, laborales o de servicio militar. La iniciativa también contempla la utilización obligatoria de E-Verify para verificar la autorización de empleo.
La Ley Dignidad enfrenta oposición entre congresistas republicanos
Pese a contar con promotores de ambos partidos, la reforma ha recibido críticas de sectores republicanos que consideran que sus mecanismos de regularización equivalen a una amnistía. Entre sus opositores figuran los representantes Brandon Gill, Randy Fine y Andy Ogles, quienes han defendido políticas de deportación más estrictas.
Salazar, por su parte, mantiene que Trump podría impulsar una solución migratoria antes de concluir su mandato. Durante una intervención en Miami, recogida por la agencia EFE, expresó confianza en que el mandatario pueda respaldar una reforma. Sus diferencias quedaron expuestas cuando cuestionó públicamente el alcance de las deportaciones y el presidente respondió criticando su postura sobre inmigración.
Por ahora, la Ley Dignidad no está vigente y ningún inmigrante puede solicitar sus beneficios. La propuesta permanece pendiente de tramitación legislativa. Aunque en septiembre de 2026 Escobar presentó una resolución para facilitar su consideración en la Cámara de Representantes, esa gestión tampoco supone su aprobación. Su eventual aplicación dependerá de que el Congreso adopte la legislación y esta sea promulgada.
