Manuel Marrero sobre denuncias en redes: niega la crisis y culpa a EEUU

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, convirtió la clausura de la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad en una nueva advertencia contra los ciudadanos que denuncian en redes sociales la crisis que atraviesa el país.

En su discurso, volvió a acusar a los cubanos que manifiestan descontento en plataformas digitales de participar en un “uso subversivo” de internet, insistiendo en que estas expresiones forman parte de supuestos planes externos contra el Gobierno.

La intervención, transmitida por la televisión estatal, reforzó la tendencia oficial a presentar la crítica pública como una amenaza organizada, incluso cuando surge de personas que documentan los problemas económicos y sociales que vive el país.

Marrero estuvo acompañado por Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, dirigente del Partido Comunista, y ambos sostuvieron que el debate digital debe interpretarse en clave de “amenazas” externas.

Aunque la población utiliza las redes para reportar apagones, la falta de alimentos, el colapso sanitario o las consecuencias persistentes del huracán Melissa —que dejó comunidades sin electricidad más de un mes después—, el primer ministro situó estas denuncias dentro de un marco de agresión política, más que como un retrato de la realidad tangible.

Reiteró que el evento se desarrolló en “condiciones excepcionales” debido al embargo y al impacto del ciclón, factores que usó como telón de fondo para convocar a “enfrentar las noticias falsas que a diario se generan”, a pesar de que la crisis se extiende desde hace varios años.

En su intervención, Marrero argumentó que es necesario elevar la educación digital de la ciudadanía para que pueda identificar riesgos, y sostuvo que esta preparación debe convertirse en parte del comportamiento cotidiano.

Aseguró también que el Estado presta “especial atención” a la ciberseguridad y expresó su confianza en que los asistentes al encuentro podrán garantizar un uso “seguro y responsable” de las tecnologías.

La relatora general del evento, en tanto, informó que se presentaron 34 ponencias y se discutieron soluciones tecnológicas y prácticas orientadas a reforzar la protección del espacio digital del país.

Sin embargo, más allá de la narrativa institucional, la postura del Gobierno se enmarca en una estrategia prolongada de vigilancia y criminalización del discurso público.

En los últimos años, Cuba ha aprobado decretos restrictivos —como el Decreto Ley 35 y normativas de telecomunicaciones— que otorgan amplios poderes para sancionar publicaciones consideradas críticas u “ofensivas”, una política denunciada por organizaciones de derechos humanos.

Este enfoque se ha intensificado a medida que la crisis económica y social se agrava, llevando a que las autoridades etiqueten como “mentiras” o “campañas enemigas” los reportes ciudadanos sobre escasez, colapso energético o deterioro de servicios básicos.

La más reciente muestra de esta escalada ocurrió el 26 de noviembre, cuando Cubadebate publicó una lista de 30 perfiles en redes sociales a los que vinculó con una supuesta “guerra cognitiva organizada por la ultraderecha internacional”.

Y es que la principal línea discursiva del régimen ha sido acusar a cualquiera que lo critique de hacerlo a cambio de recibir dinero o pagos de otra especie de EEUU, negando a sus propios ciudadanos el beneficio de pensar por sí mismos y tener sus propias inconformidades.

La acusación fue replicada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el diario Granma y el programa oficialista Razones de Cuba, dirigido por el vocero Humberto López.

Esta ofensiva se centró especialmente en el medio independiente elTOQUE, que ha ganado notoriedad por divulgar la Tasa Representativa del Mercado Informal, indicador que refleja el fracaso del Gobierno en estabilizar la moneda y crear un mercado cambiario transparente.

Razones de Cuba difundió incluso fichas personales de 18 presuntos integrantes del medio, con fotografías y datos privados, calificándolos de “mercenarios” y advirtiendo sobre posibles investigaciones penales, extradiciones y encarcelamientos.

Con su discurso, Marrero reforzó el mismo mensaje: el cuestionamiento público es tratado como un acto de deslealtad y cualquier señalamiento de la ciudadanía —desde la falta de electricidad hasta la inflación— es reconfigurado por el Gobierno como parte de una ofensiva extranjera.

En un país donde las dificultades cotidianas son cada vez más evidentes y documentadas por los propios habitantes, la línea oficial insiste en desacreditar las quejas, ampliando el cerco contra la libertad de expresión en el espacio digital cubano.