Miami presenta resolución para revisar licencias de negocios vinculados al régimen
Si se aprueba, Miami creará una estructura institucional con facultades para revisar permisos comerciales
La administración municipal de Miami ha dado un paso significativo en su lucha contra la influencia del régimen castrista al presentar esta semana una resolución para crear una task force encargada de revisar las licencias comerciales de negocios que puedan tener vínculos con entidades relacionadas con el gobierno cubano.
Esta medida, liderada por la Oficina del Inspector General, se ha desarrollado en respuesta a la creciente presión de sectores de la diáspora cubana y como reacción al reciente anuncio de Hialeah de crear una comisión investigativa similar.
La resolución fue impulsada por el comisionado Ralph “Rafael” Rosado, quien destacó la importancia de coordinar investigaciones con las autoridades estatales y federales en el contexto de la implementación de políticas locales contra la presencia del castrismo en el sur de Florida.
La medida, que fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram Maceito TV, establece que Miami evaluará mecanismos formales para identificar cualquier relación operativa, financiera o administrativa entre negocios establecidos en su jurisdicción y entidades vinculadas al Gobierno cubano.
Si la resolución se aprueba, Miami creará una estructura institucional con facultades para revisar permisos comerciales, compartir información con otras agencias e incluso elevar recomendaciones a instancias superiores. Este enfoque institucionalizado marca un cambio en la política de la ciudad, que anteriormente se había limitado a declaraciones políticas o medidas simbólicas.
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Hialeah Impulsa la Iniciativa
La creación de esta task force en Miami se produce poco después de que la ciudad vecina de Hialeah anunciara su propia comisión investigativa, liderada por el activista y presentador cubano Alexander Otaola y respaldada por el alcalde Bryan Calvo.
Hialeah se convirtió en la primera ciudad en Estados Unidos en tomar medidas estructuradas para investigar posibles vínculos entre actores económicos locales y el régimen cubano, lo que ha provocado una amplia repercusión mediática y una serie de reacciones políticas en Florida.
Fuentes locales indican que la resolución en Miami responde, en parte, al precedente de Hialeah y a la presión de grupos de la diáspora cubana que exigen un control más riguroso de las actividades comerciales que puedan beneficiar indirectamente al gobierno de La Habana.
Estos grupos han argumentado que la falta de supervisión en el pasado permitió que prosperaran relaciones económicas con el régimen cubano sin las debidas auditorías o controles.
De aprobarse, la resolución presentada por Rosado podría derivar en auditorías de negocios, cancelación de licencias comerciales e incluso remisiones de casos a fiscales estatales y federales.
Los analistas políticos del sur de Florida consideran que la coincidencia entre Miami y Hialeah en esta cuestión marca un cambio de etapa en la política local hacia Cuba. Ambas ciudades albergan una gran parte del electorado cubanoamericano, lo que les otorga un peso político considerable a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones sensibles como esta.
