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Miles de empresas demandan a EEUU: exigen reembolso de aranceles de Trump

Las demandas coinciden en señalar que no solo elevaron los costos de importación, sino que afectaron las cadenas de suministro

Miles de empresas de distintos sectores y países mantienen abiertos procesos judiciales contra el gobierno de Donald Trump para impugnar los aranceles impuestos durante su administración y exigir la devolución de los pagos realizados.

Las demandas, presentadas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y otras cortes federales, cuestionan la base legal utilizada para aplicar gravámenes generalizados a importaciones procedentes de socios comerciales clave como China, India y Brasil.

El eje central de estos litigios es el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma promulgada en 1977 para responder a amenazas extraordinarias a la seguridad nacional.

Las compañías alegan que esa legislación no autoriza la imposición amplia de aranceles comerciales y que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones al aplicarlos sin aprobación del Congreso.

El conflicto legal alcanzó un punto clave cuando la Corte Suprema de EEUU determinó que los aranceles globales impuestos bajo ese marco legal eran ilegales, al concluir que la IEEPA no concede al presidente facultades ilimitadas para gravar importaciones con fines comerciales.

El fallo abrió la puerta a reclamaciones que podrían derivar en reembolsos estimados en hasta 150 mil millones de dólares.

Tras la decisión judicial, el mandatario reaccionó públicamente con fuertes críticas al máximo tribunal y calificó el fallo como una intromisión en sus poderes.

En declaraciones desde la Casa Blanca y publicaciones en Truth Social, Trump afirmó que la sentencia limitaba su capacidad de actuar frente a otros países y anunció su intención de impulsar un nuevo arancel global, esta vez ajustado a otros estatutos legales.

Según explicó, el nuevo esquema contemplaría un gravamen de hasta 15 % a las importaciones, aplicable de manera inmediata, aunque con plazos limitados por la ley.

Mientras tanto, ejecutivos, agentes aduanales y abogados especializados se preparan para un escenario complejo. Las investigaciones y recursos judiciales podrían extenderse durante meses, lo que mantiene en suspenso tanto a las empresas demandantes como a las autoridades federales encargadas de recaudar y, eventualmente, devolver los fondos.

Entre las compañías que han presentado demandas figuran fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas, productoras de alimentos, firmas del sector energético y grandes cadenas minoristas.

Algunas, como BYD, Goodyear, BorgWarner, Costco, Toyota y Alcoa, solicitaron expresamente que se declare la ilegalidad de los aranceles y se garantice el reembolso total de los montos pagados. Otras buscan suspender la liquidación de nuevos gravámenes mientras se resuelve el fondo del asunto.

 

Las demandas coinciden en señalar que los aranceles no solo elevaron los costos de importación, sino que afectaron las cadenas de suministro y terminaron trasladándose al consumidor final.

Los precios de bienes como neumáticos, alimentos procesados, maquinaria y productos electrónicos aumentaron de forma sostenida durante la vigencia de estas medidas.

El fallo de la Corte Suprema marca un precedente relevante sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.

Al mismo tiempo, deja abierta una nueva etapa de confrontación política y legal, en la que el Ejecutivo busca alternativas para mantener su política arancelaria, mientras las empresas reclaman compensaciones por lo que consideran una aplicación indebida de la ley.

El desenlace de estos procesos será determinante no solo para las finanzas públicas, sino también para la relación comercial de EEUU con el resto del mundo y para la definición del alcance real de las facultades presidenciales en situaciones que no cumplen con los criterios tradicionales de emergencia nacional.

 

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