Miguel Díaz-Canel respondió el sábado 7 de noviembre de 2026 a las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra compañías, embarcaciones y personas relacionadas con la economía cubana. Desde La Habana, el gobernante acusó a la administración de Donald Trump de utilizar argumentos falsos para justificar las restricciones y sostuvo que Washington pretende perjudicar a la población mediante la presión económica.
El pronunciamiento apareció en dos publicaciones de su cuenta oficial de X, difundidas 48 horas después de las medidas estadounidenses. Díaz-Canel defendió a las entidades afectadas como proveedoras de productos y servicios necesarios para Cuba. También calificó la estrategia de Washington como un castigo colectivo y terminó su mensaje con la expresión “¡No nos doblegarán!”.
EE.UU vuelve a la carga contra el pueblo de #Cuba con nuevas medidas coercitivas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras encargados de garantizar servicios y bienes esenciales a nuestro desarrollo económico y social.
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— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 7, 2026
Díaz-Canel cuestiona las razones de Washington para sancionar a Cuba
El mandatario rechazó la justificación utilizada por Estados Unidos para actuar contra empresas vinculadas con los sectores energético, tecnológico y marítimo. Según su interpretación, las restricciones buscan debilitar la economía nacional y aumentar las dificultades cotidianas de los habitantes de la Isla. No obstante, sus publicaciones no abordaron individualmente las acusaciones estadounidenses contra los sancionados.
Washington sostiene una posición diferente. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las autoridades cubanas utilizan recursos estratégicos para beneficiar a estructuras de poder y redes empresariales relacionadas con la cúpula gobernante. La administración estadounidense vincula sus decisiones con actividades que considera perjudiciales para sus intereses de seguridad y política exterior.
La controversia surge mientras Cuba atraviesa dificultades persistentes en el abastecimiento de combustible, la generación eléctrica y el suministro de bienes básicos. El Gobierno cubano responsabiliza a las restricciones estadounidenses de agravar estos problemas. Sin embargo, la situación económica también está relacionada con deficiencias productivas, falta de inversión y problemas de gestión dentro del país.
¿Qué empresas y personas aparecen en las nuevas sanciones de EEUU?
Como informó anteriormente Asere, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó el jueves 5 de noviembre a dos personas, seis compañías y dos embarcaciones a su registro de sancionados. Entre los individuos figuran Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, dirigente vinculada al conglomerado militar GAESA, y Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja.
Las compañías incluidas son Cubaelectrónica, Tecnosime, Internacional Marítima, Petromarca, Tentacool Commercial y Beijing H&C Technologies. Las medidas también alcanzan a los buques Emilia y Gloria C, ambos registrados bajo bandera cubana. La relación de entidades afectadas incluye actividades de importación, servicios técnicos, comercialización de productos electrónicos y transporte marítimo.
El Departamento del Tesoro identificó además cuatro sectores susceptibles de futuras sanciones: electrónica, manufactura, tecnología y actividades marítimas. Esta decisión no implica que todas las empresas dedicadas a esas operaciones estén bloqueadas. Para imponer nuevas restricciones, Washington debe identificar a los actores que cumplen los criterios establecidos en su normativa.
China también rechaza las sanciones contra empresas relacionadas con Cuba
La respuesta de Díaz-Canel coincidió con protestas diplomáticas de Pekín y del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. El canciller cuestionó las medidas contra compañías chinas y las describió como una interferencia en las relaciones comerciales entre ambos países. China, por su parte, rechazó las sanciones unilaterales y anunció que defendería los intereses de sus empresas.
Por ahora, las nuevas designaciones continúan vigentes y las declaraciones del Gobierno cubano no modifican sus efectos legales. Las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense deben respetar las prohibiciones aplicables a los sancionados. Mientras La Habana insiste en denunciar la presión económica, Washington mantiene su estrategia contra redes empresariales y operaciones que considera vinculadas al aparato estatal cubano.
