Nuevo marco legal de la Aduana cubana entra en vigor en tres meses
Con esto, la Aduana podrá retener, confiscar o declarar el abandono legal de mercancías a favor del Estado
La Aduana General de la República de Cuba ha anunciado que, dentro de tres meses, entrará en vigor un nuevo sistema legal que redefine integralmente la organización, competencias y métodos de actuación de la entidad.
A pesar de este cambio, las autoridades aclararon que no afectará las normativas actuales sobre las importaciones no comerciales de las personas naturales.
Este nuevo entramado normativo ha sido formalizado con la publicación en la Gaceta Oficial No. 7 de 2026 del Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, su Reglamento (Decreto 134) y nueve resoluciones complementarias. Según la versión oficial, el objetivo es “modernizar” la gestión aduanera, con el fin de “garantizar un comercio exterior más ágil, transparente y profesional”.
Las autoridades aseguran que esta modificación forma parte de un “proceso continuo de perfeccionamiento institucional”, en concordancia con los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas.
El nuevo marco legal otorga facultades ampliadas al jefe de la Aduana General, quien podrá tomar decisiones significativas como la creación o eliminación de unidades, autorizar regímenes especiales, y, lo más destacado, la potestad de retener, confiscar o declarar el abandono legal de mercancías a favor del Estado.
Entre las atribuciones más amplias figura el control aduanero sobre locales, oficinas, vehículos, y hasta personas, lo que incluye el registro.
De igual manera, el sistema establece medidas de control de seguridad más estrictas, como el uso de tecnologías de vigilancia, controles radiológicos a personas y equipajes, inspecciones con unidades caninas, y la obligación de usar circuitos cerrados de televisión en áreas aduaneras.
Estas medidas aseguran un mayor control y seguridad, pero también amplían el alcance de la Aduana hacia funciones cercanas a las policiales, lo que puede generar preocupación entre los viajeros y empresarios.
El Decreto-Ley 108, que sustituye completamente la legislación anterior, se enmarca en una política de recentralización del control económico en un contexto de crisis económica y creciente dependencia de las importaciones personales y envíos familiares.
A pesar de que el gobierno promete mayor facilitación para el comercio internacional, algunos analistas temen que esta legislación pueda traducirse en mayores trabas administrativas y costos adicionales, afectando a aquellos que dependen de la paquetería internacional y las importaciones para sus negocios.
Para explicar los cambios, las autoridades informaron que se llevarán a cabo durante los 90 días previos a la implementación acciones informativas y de capacitación para resolver cualquier duda o inquietud de la ciudadanía.
A pesar de los esfuerzos por presentar la reforma como un avance, el carácter político del nuevo sistema se destaca en el artículo 12, que resalta que la Aduana es responsable de aplicar la política estatal en materia de aduanas, “garantizando la seguridad de la sociedad socialista”.
En este contexto, el nuevo esquema aduanero se presenta como un intento por mejorar la profesionalización del sector, pero la realidad es que los requisitos para acceder a la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) limitan su acceso a grandes empresas estatales o entidades seleccionadas, dejando fuera a la mayoría de los pequeños actores privados.
