Un trabajador del Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus, que prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias, denunció un grave caso de mal manejo ético dentro del centro hospitalario.
De acuerdo con la denuncia, el incidente ocurrió en julio de este año y tuvo como protagonistas a varios profesionales de la salud, quienes, en lugar de cumplir con su deber, comenzaron a lucrar con la salud de los pacientes más vulnerables.
El caso involucró a una niña de menos de dos años, proveniente del municipio de Trinidad, quien fue ingresada por un problema respiratorio.
La pequeña recibió atención médica bajo la supervisión del doctor Redelio Rondón Fernández y otros profesionales. Durante su tratamiento, la madre de la niña recibió de una doctora varios bulbos de Biomodulina T, un medicamento esencial para su recuperación.
Sin embargo, al intentar administrar el último bulbo, este desapareció sin explicación alguna. Ante la desconcertante situación, la madre solicitó explicaciones a Rondón Fernández, quien respondió de manera insensible: “No averigües más, te estamos haciendo un favor con la niña”.
Al buscar ayuda con la especialista Caridad Elena Blanca González, la respuesta fue igualmente indiferente.
“Ya no busques más, si la niña no lo necesita”.
El paradero del bulbo sigue sin esclarecerse, pero el denunciante asegura que este no es un caso aislado. Según él, el hospital ha sido escenario de diversas irregularidades de este tipo en los últimos tiempos, lo que sugiere que los medicamentos terminan “desapareciendo” para ser vendidos en el mercado negro.
Corrupción y el mercado negro de medicamentos en Cuba
En medio del colapso sanitario que afecta a Cuba, el mercado negro de medicamentos sigue en auge. El Biomodulina T, un inmunomodulador vital para pacientes con enfermedades respiratorias, es vendido en el mercado informal a precios exorbitantes.
El costo de un solo bulbo puede llegar a ser de entre 1.500 y 2.000 pesos cubanos, mientras que una ampolla de Ceftriaxona (Rosefin) se cotiza a aproximadamente 750 CUP.
La venta ilegal de estos medicamentos, destinados a salvar vidas, ha proliferado debido a la escasez y la falta de control. Esto coloca en una situación de vulnerabilidad a los ciudadanos, especialmente a los más necesitados, que se ven obligados a recurrir a estos mercados paralelos.
