Panameños arrestados en La Habana acusados de propaganda contra el régimen
El régimen sostiene que esta operación forma parte de una serie de actos orquestados por el exilio cubano
El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba ha informado sobre la detención de 10 ciudadanos panameños en La Habana, acusados de estar involucrados en actos de propaganda contra el orden constitucional del país.
Los arrestos ocurrieron el pasado sábado 28 de febrero, durante una operación vinculada a actividades subversivas que contravienen el artículo 124 del Código Penal cubano.
Propaganda “subversiva”
Según el informe oficial, los detenidos habían ingresado a Cuba con el objetivo de elaborar carteles con mensajes subversivos que alteraran el orden constitucional.
En sus primeras declaraciones, los arrestados han reconocido su implicación en estos actos, y las autoridades han indicado que su plan era abandonar la Isla tan pronto como terminaran su misión.
Se les habría prometido una compensación económica de entre mil y mil quinientos dólares por persona al regresar a Panamá.
El régimen sostiene que esta operación forma parte de una serie de actos orquestados por el exilio cubano, y ha reiterado que continuará con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas.
El tiroteo con lancha rápida
Este suceso se suma a otro incidente de alto perfil ocurrido recientemente en las aguas cercanas a Cuba, donde una embarcación registrada en Florida fue interceptada por las Tropas Guardafronteras cubanas.
El gobierno de La Habana ha afirmado que los tripulantes de la lancha intentaron una incursión armada en territorio cubano, lo que resultó en un enfrentamiento armado en el que fallecieron cuatro personas y seis más fueron detenidas.
Las víctimas mortales en este tiroteo incluyen a Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, mientras que entre los sobrevivientes se encuentran varios ciudadanos cubanos y un estadounidense.
Los cargos que enfrentan los detenidos en relación con este incidente incluyen terrorismo, violencia contra una nave en aguas de jurisdicción nacional y portación ilegal de armas.
Investigaciones y consecuencias penales
El fiscal cubano Edward Roberts Campbell ha explicado que, si se identifican patrocinadores externos de estos grupos, los detenidos podrían enfrentarse a cargos adicionales como instigación para delinquir y financiamiento del terrorismo.
Las penas por estos delitos son severas, con posibles sentencias que varían entre 10 y 30 años de prisión, privación perpetua e incluso la pena de muerte.
El régimen también ha asegurado que incautaron una significativa cantidad de armamento, incluyendo 134 cargadores, 12.846 municiones, fusiles, pistolas, un dron, equipos de comunicación y otros materiales que, según el gobierno, refuerzan la narrativa de un ataque orquestado por el exilio cubano.
Sin embargo, algunos críticos han cuestionado la credibilidad de esta versión, señalando que el tamaño de la lancha y el volumen de armamento incautado dificultan la posibilidad de que se haya producido una incursión con tal despliegue de recursos.
