Policía de Las Vegas entrega cubano a ICE y lo deportan a México

El cubano Sergio Morales Echeverría, detenido en Las Vegas, fue deportado a México, luego de que la policía local lo entregara directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión ha generado cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, al tratarse de un caso que evidencia la cooperación entre autoridades policiales locales y el servicio migratorio, una práctica que, según denuncian, limita el acceso de los migrantes a un debido proceso antes de ser expulsados de Estados Unidos.

El caso motivó a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a presentar una demanda contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

De acuerdo con la organización, Morales Echeverría fue entregado a ICE y posteriormente deportado en desacato a una orden judicial vigente, lo que habría vulnerado sus derechos constitucionales.

Según la ACLU, un juez del Tribunal de Distrito de Nevada había dispuesto que el migrante cubano fuera trasladado a un centro de tratamiento para pacientes internados.

Sin embargo, esa instrucción nunca se cumplió. En lugar de ello, Morales Echeverría fue liberado directamente desde la cárcel local bajo custodia de ICE, sin que mediara una orden judicial válida que autorizara dicha transferencia.

Durante una audiencia judicial, Sadmira Ramich, abogada principal de la ACLU en Nevada, sostuvo que la detención migratoria no fue ordenada por ningún juez.

“Esta detención no proviene del poder judicial, sino de un funcionario de ICE”, afirmó, subrayando que ese tipo de procedimientos administrativos deja a los detenidos sin una vía clara para presentar una defensa ante un tribunal.

Organizaciones de derechos civiles advierten que este tipo de entregas entre cárceles locales e ICE pueden cerrar cualquier posibilidad de que los migrantes comparezcan ante un juez o soliciten medidas de alivio migratorio.

Una vez bajo custodia federal, los procesos avanzan por la vía administrativa, con menos garantías que las previstas en el sistema penal.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas reconoce que notifica a ICE cuando personas nacidas fuera de EEUU son arrestadas por determinados delitos. No obstante, insiste en que sus agentes no aplican directamente leyes migratorias.

En el caso concreto de Morales Echeverría, los abogados del departamento argumentaron que el acuerdo de cooperación 287(g) aún no estaba formalmente vigente al momento de la detención, una explicación que la ACLU considera insuficiente y evasiva.

El programa 287(g) permite que agencias policiales locales colaboren con autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. Investigaciones periodísticas han revelado que este tipo de acuerdos se multiplicaron durante 2025 en varios estados del oeste del país. Según datos del Mountain West News Bureau, las colaboraciones pasaron de 10 a 54 en ese período.

Más allá del debate legal, expertos subrayan el impacto humano de estas prácticas. Michael Kagan, profesor de Derecho en la Universidad de Nevada, advirtió que entregar detenidos a ICE desde cárceles locales puede privarlos de cualquier oportunidad real de defender su permanencia en el país.

Registros del Departamento de Seguridad Nacional ubican a Morales Echeverría en listas de migrantes considerados de alta prioridad para deportación. La ACLU afirma haber documentado cientos de retenciones de ICE en la cárcel del condado de Clark, aunque las autoridades locales no han confirmado cifras oficiales.

Este caso llega en medio del endurecimiento de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump, que ha afectado de manera directa a ciudadanos cubanos.

Múltiples cubanos han sido deportados pese a no tener antecedentes penales o con infracciones menores, incluidos migrantes con años de residencia en EEUU y lazos familiares en el país, como el padre cubano que fue expulsado tras más de 20 años en el país.

En varios de esos casos, los deportados fueron enviados a terceros países, como México, incluso quienes entraron legalmente con parole, ante la ausencia de acuerdos directos con Cuba o por decisiones administrativas de ICE.

Defensores legales han alertado que estas expulsiones se realizan con rapidez y con escaso acceso a representación legal.

Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido públicamente este tipo de colaboraciones entre policías locales e ICE, y ha señalado que la presencia de la agencia federal será constante e incluso más intensa, en línea con la estrategia migratoria impulsada desde la Casa Blanca.