Régimen amenaza con sanciones exprés para crímenes de “especial prioridad”
Esto promete un aumento en las sanciones para delitos graves, los cuales son determinados por la dictadura
El régimen castrista ha anunciado un endurecimiento de sus políticas penales en respuesta a la creciente inseguridad y el malestar social que atraviesa el país. Este nuevo enfoque busca abordar “delitos de especial prioridad”, incluyendo homicidios, robos con violencia y crímenes vinculados al narcotráfico y sabotaje.
A través de una transmisión del programa propagandístico Hacemos Cuba, representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular explicaron las nuevas medidas, las cuales se orientan a infundir el miedo en la población y evitar protestas masivas.
Durante el programa, el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, enfatizó que el aumento de la delincuencia en la Isla está directamente relacionado con la crisis económica y social que enfrenta Cuba.
Fumero explicó que la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado se han intensificado debido a las adversas condiciones del país, aunque reconoció algunos avances en la reducción de ciertos delitos.
Sin embargo, el gobierno considera que la situación sigue siendo alarmante y, por ello, se han implementado medidas adicionales de control en las áreas más conflictivas.
Medidas de control
Las nuevas políticas incluyen un aumento en las sanciones para delitos graves, como los homicidios y los actos de sabotaje.
La dictadura ha dado especial atención al sabotaje de infraestructuras críticas, tales como el sistema eléctrico, el transporte público y las telecomunicaciones, que son considerados objetivos prioritarios para la estabilidad del régimen.
El fiscal jefe José Luis Reyes Blanco declaró que las penas para estos delitos serán cada vez más severas y, en algunos casos, se recurrirá a la prisión provisional, alegando “circunstancias excepcionales” derivadas de la situación económica y política del país.
Adicionalmente, la dictadura ha implementado un protocolo judicial para acelerar los juicios de aquellos acusados de delitos graves, con el fin de garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los crímenes; sin embargo, evitan mencionar que estos suelen ser opositores cuyo único delito es desear un cambio en la Isla.
Según el Tribunal Supremo Popular, la Instrucción 273 ha sido puesta en marcha para que los casos sean procesados rápidamente, con el objetivo de dar una respuesta más efectiva a los delitos que, según la definición del régimen, ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de su poder sobre el pueblo.
Guerra contra las redes sociales
El objetivo de mantener el control quedó en evidencia luego de que, durante la emisión, las autoridades abordaron el impacto de las redes sociales en la percepción de inseguridad en el país.
Aunque reconocieron que las redes pueden ser útiles para informar sobre los delitos, insistieron en su potencial para “amplificar la violencia y crear pánico”.
Según el régimen, ciertos grupos opositores han utilizado las plataformas sociales para generar una falsa sensación de caos, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno para demostrar su capacidad de controlar al pueblo.
