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Régimen aprueba acuerdo que refuerza control sobre comercio electrónico en divisas

La medida pretende ordenar y regular las actividades comerciales en línea que impliquen ingresos en divisas

El pasado 25 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Acuerdo 10216, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 32, que regula el comercio de bienes y servicios mediante plataformas tecnológicas con pagos en o desde el exterior.

La medida tiene como objetivo ordenar y regular las actividades comerciales en línea que impliquen ingresos en divisas, incrementando el control estatal sobre las operaciones en la economía digital de la Isla.

El Mincin es clave para la nueva regulación

El Acuerdo 10216, adoptado el 27 de agosto de 2025, y hecho público este mes, establece que el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) tendrá la responsabilidad de supervisar las plataformas digitales que operen en divisas.

Este paso se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por informatizar la sociedad cubana, sustentado en el Decreto-Ley 370. Sin embargo, todo el control recaerá en manos del régimen, lo que ha generado ciertas dudas y críticas.

Preocupaciones sobre burocracia

Aunque la idea de potenciar el comercio electrónico en divisas parecía una medida prometedora, el Acuerdo ha sido objeto de numerosas críticas.

Los requisitos burocráticos, como registros, contratos, reportes y supervisión fiscal, podrían aumentar significativamente los costos operativos, dificultando la viabilidad de muchos emprendedores.

Las disposiciones complementarias para implementar la norma aún no han sido publicadas, lo que ha creado incertidumbre sobre su aplicación efectiva.

Adicionalmente, los plazos para adecuarse a la nueva normativa son muy ajustados, lo que podría resultar problemático dado el contexto de crisis económica que atraviesa el país, especialmente en términos de energía y combustibles.

Esquema tributario-cambiario

Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es el esquema tributario-cambiario que propone.

El impuesto del 10% sobre las ventas en divisas y la obligación de convertir un 20% de los ingresos a pesos cubanos (CUP) podrían afectar gravemente a las empresas que dependen de productos importados, reduciendo su rentabilidad y disponibilidad de divisas.

Este sistema podría generar una caída en el inventario, aumentar los precios y obligar a muchos negocios a abandonar el mercado formal.

Restricciones a los modelos transfronterizos

El Acuerdo 10216 también prohíbe la venta de bienes a entidades extranjeras que luego los comercialicen dentro de Cuba mediante comercio electrónico.

Si bien la medida pretende frenar las triangulaciones opacas, podría perjudicar modelos de negocio legítimos, como los marketplaces y las intermediaciones, al no ofrecer alternativas claras para las empresas.

Esta restricción podría afectar la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente y competitiva en el mercado.

Dudas sobre la viabilidad del sistema

Otro de los puntos clave de la nueva normativa es que exige que los ingresos derivados del comercio electrónico sean transferidos prioritariamente a cuentas bancarias cubanas.

Esto podría ser problemático debido al aislamiento de la banca nacional y las restricciones de Estados Unidos. La pregunta es si los proveedores internacionales estarán dispuestos a registrar sus pasarelas de pago en Cuba, considerando las sanciones que afectan al país.

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