Régimen concluye el segundo juicio contra el exministro Alejandro Gil
Junto a Gil, fueron procesadas al menos una decena de personas, cuyos nombres no han sido revelados
El segundo juicio contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, concluyó en el Tribunal de Marianao bajo un fuerte manto de secretismo, sin acceso de la prensa y con estrictas órdenes de silencio.
En el proceso, celebrado recientemente en La Habana, se analizaron acusaciones de malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. El hermetismo impuesto por el régimen impide conocer las condenas, la situación del exfuncionario y la suerte del resto de los imputados.
Fuentes citadas por Diario de Cuba señalan que, junto a Gil, fueron procesadas al menos una decena de personas, cuyos nombres no han sido revelados.
El control de la información es total, pues no se han difundido listas de acusados ni actas del tribunal, y los medios oficiales han guardado silencio absoluto, a pesar de tratarse de uno de los rostros emblemáticos de la política económica reciente.
El exjuez y analista legal Edel González Jiménez describió las órdenes de silencio como “incuestionables” y dirigidas de forma directa a los profesionales del Derecho.
Según explicó, se ha consolidado un ambiente de temor y autocensura en bufetes y tribunales, donde se instruye a los abogados a no pedir detalles ni comentarlos con terceros, incluso cuando se trata de casos de alto interés público.
González recordó que estas directrices no se apoyan en la ley procesal, sino en la voluntad del poder político.
Afirmó que las restricciones responden a un objetivo claro: evitar el debate ético, blindar a la cúpula estatal frente a cuestionamientos y controlar por completo el relato sobre un caso que compromete a un exministro cercano a la presidencia.
“No forman parte de la ley, sino de la práctica política impuesta”, subrayó.
Secretismo y presiones sobre la familia de Alejandro Gil
Uno de los puntos más sensibles del proceso fue la imposición de un acuerdo de confidencialidad a los hijos de Alejandro Gil, quienes habrían tenido que firmar ese documento para poder entrar a la sala.
De confirmarse, este requisito sería contrario a la Ley del Proceso Penal cubano, que solo prevé una advertencia oral sobre la información que no se puede difundir, y no contratos escritos de silencio.
La ausencia total de filtraciones, habitual en juicios de alto perfil en otras latitudes, ha sido interpretada como una operación planificada de control informativo.
El objetivo parece ser evitar cualquier escrutinio, tanto dentro de la isla como desde la comunidad internacional, sobre un caso que pone bajo tensión la narrativa oficial de lucha contra la corrupción y transparencia institucional.
María Victoria Gil, hermana del exministro, ha denunciado públicamente esa opacidad y la calificó como “una falta de respeto al pueblo de Cuba”.
Sostiene que, aunque Alejandro habría reconocido responsabilidad en algunos hechos, es evidente que no actuó solo y que “los verdaderos responsables han desaparecido del proceso”, lo que apunta a la protección de otros cuadros del aparato estatal.
Díaz-Canel se desmarca de su antiguo protegido
Según el testimonio de María Victoria, el presidente Miguel Díaz-Canel compareció al juicio como “testigo de cargo”, pese a haber sido uno de los principales promotores de la carrera de Gil.
Para la familia, ese papel del mandatario constituye una “traición” política y personal, en un intento de apartarse del derrumbe del modelo económico que el propio Gobierno diseñó y defendió.
Díaz-Canel fue tutor de la tesis de economía de Alejandro Gil y lo respaldó en su ascenso dentro del aparato estatal, hasta convertirlo en figura central de las reformas económicas recientes. Incluso después de su destitución, el presidente le dirigió mensajes públicos de apoyo y felicitaciones en redes y actos oficiales, lo que mostraba una relación de confianza que ahora se busca reescribir.
La presencia del mandatario como testigo ha sido leída por analistas como un movimiento para limpiar su imagen en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. En lugar de asumir responsabilidad política, el liderazgo intenta proyectar la idea de que el exministro fue un elemento aislado y no parte de un sistema fallido, opaco y sin controles reales.
