Régimen impone nuevo trámite para poner paneles solares en Cuba
La nueva regulación añade obstáculos a la alternativa que aparece en plena crisis, donde solo unos cuantos pueden considerarla para empezar
El gobierno cubano estableció nuevos requisitos para la instalación de paneles solares en viviendas particulares, obligando a los ciudadanos a solicitar autorización previa ante las oficinas de Urbanismo.
En medio de una crisis energética marcada por apagones prolongados y fallas constantes en el suministro eléctrico, que es de apenas un tercio de lo que necesita el país, el régimen pone trabas a los pocos ciudadanos que pueden recurrir a una alternativa.
La medida exige que cualquier persona que desee colocar paneles en su casa gestione un permiso formal, trámite que solo puede realizarse de lunes a jueves y que tarda alrededor de 15 días hábiles.
Las autoridades clasifican esta instalación como una modificación constructiva menor, lo que obliga a cumplir con el proceso administrativo antes de ejecutar el proyecto.
En el caso de empresas estatales y negocios privados, como las mipymes, los requisitos son más estrictos. Además del permiso, deben presentar documentación que acredite la compra del sistema y contar con un contrato activo con la Unión Eléctrica.
Esta exigencia amplía el control estatal sobre una alternativa energética que muchos cubanos han comenzado a explorar ante la inestabilidad del sistema eléctrico nacional.
La disposición se implementa en un contexto de crisis profunda. En los últimos meses, la Isla ha enfrentado cortes de electricidad que se extienden por varias horas al día, afectando la vida cotidiana, la producción y el acceso a servicios básicos.
Ante esta situación, numerosos hogares han intentado buscar soluciones propias, como el uso de paneles solares, pese a los altos costos y la limitada disponibilidad de equipos.
Sin embargo, la nueva regulación añade obstáculos a esa opción. Para muchos ciudadanos, el requisito de autorización representa una carga adicional en un entorno ya marcado por la escasez y la burocracia.
La reacción ha sido inmediata en redes sociales, donde se han multiplicado las críticas y comentarios que cuestionan la medida.
Algunos usuarios han expresado preocupación por posibles demoras, mientras otros advierten sobre el riesgo de que se generen espacios para prácticas irregulares en la aprobación de permisos.
Este escenario coincide con otra política impulsada por la Unión Eléctrica, que busca captar divisas mediante un esquema vinculado a la energía solar. En lugar de vender paneles directamente, la empresa propone a los ciudadanos pagar en dólares por una cuota de energía generada en parques solares estatales.
A cambio, se ofrecerían descuentos mensuales en la factura eléctrica. El plan contempla contratos de entre 2 y 20 años. Por ejemplo, una persona que pague 600 dólares por 1 kilovatio durante dos décadas recibiría una reducción fija en su consumo mensual.
Sin embargo, al comparar el monto pagado con el ahorro proyectado en pesos cubanos, la relación resulta desfavorable para el consumidor.
Esta iniciativa se suma a otras medidas que reflejan la creciente dolarización parcial de servicios en el país. En medio de una economía con bajos salarios en moneda nacional, la exigencia de pagos en divisas para acceder a beneficios energéticos limita aún más las opciones para la mayoría de la población.
La combinación de apagones, restricciones administrativas y esquemas de pago en dólares evidencia las dificultades del sistema energético cubano.
Mientras el Estado mantiene el control sobre el sector, los ciudadanos enfrentan trabas adicionales para resolver por su cuenta la falta de electricidad en un contexto de crisis prolongada.
