Régimen justifica amenaza de pena de muerte a quien dañe el sistema eléctrico
Las autoridades sostienen que estos delitos afectan gravemente a la población y a la economía
La dictadura castrista anunció un endurecimiento del tratamiento penal contra quienes dañen instalaciones vinculadas al sistema eléctrico, en medio de la crisis energética que golpea a la Isla con apagones prolongados.
El tema fue abordado de manera más detallada en la televisión estatal por el vocero oficialista Humberto López junto al fiscal jefe de Artemisa, Rafael Ángel Soler López, y el magistrado del Tribunal Supremo Popular Ángel García Leyva, quienes defendieron la aplicación del delito de sabotaje a conductas que, según dijeron, afecten la generación o distribución de electricidad.
Endurecen castigos
Durante la intervención, las autoridades sostuvieron que los robos, daños y sustracciones en instalaciones eléctricas deben recibir una calificación penal más grave por el efecto que tienen sobre la población y la economía.
El nuevo enfoque no se concentrará solo en ataques directos contra termoeléctricas o redes tradicionales, sino también en hechos cometidos contra otras infraestructuras energéticas.
Entre ellas mencionaron los parques fotovoltaicos. Según la explicación ofrecida, el robo de piezas en esas obras puede retrasar proyectos considerados estratégicos y perjudicar a municipios enteros que esperan esas inversiones para reducir los cortes de corriente.
García Leyva afirmó que el análisis judicial no descansará únicamente en si el acusado buscaba un beneficio económico.
“Más allá del hecho de que la persona quiere lucrar con esos componentes, está el hecho de que va a provocar una afectación y por eso también será considerado sabotaje”, afirmó.
Robo de combustible también es sabotaje
El magistrado precisó que la acusación podrá sostenerse incluso cuando no exista una intención directa de dañar el sistema. Bajo esa lógica, también entrará en esta categoría la sustracción de combustible asignado a grupos electrógenos específicos.
Ese criterio aparece en medio de una terrible escasez de diésel y baja capacidad de generación. Para las autoridades, desviar esos recursos equivale a golpear el funcionamiento del sistema nacional en un momento de colapso que deja a miles de cubanos sin servicio eléctrico durante largas horas.
Por su parte, el fiscal Soler López afirmó que las leyes deben responder “a los intereses de la revolución y el Estado”, una declaración que deja claro que esta línea represiva se ajusta a las prioridades políticas del régimen en medio del deterioro energético de la Isla.
