Represión tras protesta por apagón en Villa Clara: régimen castiga con cárcel
Varias personas han sido enviadas a prisión por enfrentar cargos de "desórdenes públicos"
Un tribunal cubano ha condenado a seis ciudadanos por participar en una protesta pacífica durante un apagón en el municipio de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara.
El fallo, emitido por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, ha desatado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que consideran que las penas impuestas violan derechos fundamentales como la libertad de expresión y la reunión pacífica.
La sentencia, correspondiente a la Causa No.82/2025 y firmada por los jueces Aimee Caraballé Corrales, Justo Gustavo Faife Hernández y María Teresa Domínguez Rodríguez, impuso penas de hasta ocho años de prisión a los acusados.
Los cargos fueron por “desórdenes públicos” debido a su participación en una protesta el 7 de noviembre de 2024, cuando exigieron electricidad ante los continuos apagones en su localidad.
Durante la manifestación, los detenidos gritaron consignas como “queremos corriente” y golpearon calderos, lo que según el tribunal causó “ruido y algarabía” y bloqueó el tránsito.
Castigos severos por un reclamo legítimo
José Gabriel Barrenechea Chávez fue condenado a seis años de prisión, Yandri Torres Quintana a ocho años, Rafael Javier Camacho Herrera a siete años, y Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa a cinco años.
Por su parte, Yuniesky Lorences Domínguez recibió tres años de trabajo correccional sin internamiento y Marcos Daniel Díaz Rodríguez cinco años de limitación de libertad. La gravedad de las condenas ha sorprendido a muchos, dado que la protesta fue pacífica y no conllevó violencia.
Tras una protesta pacífica durante un apagón en Encrucijada (Villa Clara), ocurrida en noviembre de 2024, seis ciudadanos han sido sancionados. Gritar “queremos corriente” y reclamar electricidad fue tipificado como desórdenes públicos, con penas de hasta 8 años de prisión.
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— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) January 16, 2026
Criminalización de la protesta pacífica
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha calificado estas condenas como una violación de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.
La organización considera que el reclamo de electricidad no debería haber sido penalizado, ya que refleja la creciente frustración popular por la crisis energética que atraviesa el país.
En particular, el caso de Barrenechea ha generado gran indignación, ya que el activista no pudo despedirse de su madre, quien falleció mientras él se encontraba encarcelado.
Pese a las solicitudes de pase humanitario para que pudiera asistir al funeral, las autoridades penitenciarias le denegaron las visitas. Barrenechea, que era el único cuidador de su madre, fue trasladado brevemente al velorio, pero solo se le permitió una despedida vigilada.
Represión creciente en Cuba
El OCDH señala que este caso forma parte de un patrón de represión cada vez más común en Cuba, donde las autoridades continúan atacando a quienes se manifiestan contra la crisis económica y los problemas sociales.
En su VIII Informe sobre Derechos Sociales, el OCDH documentó más de 3.179 actos represivos contra la población civil en 2025, destacando que las preocupaciones por los apagones superaron a la crisis alimentaria en las prioridades de los cubanos.
