Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, reaccionó públicamente este 1 de octubre a la condena contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, después de que un tribunal de La Habana les impusiera dos años de limitación de libertad por difundir imágenes de un agente del Ministerio del Interior (MININT).
Sandro Castro pide “respetar la ley cubana”
En declaraciones divulgadas en redes sociales por el activista Mag Jorge Castro, el nieto del fallecido gobernante afirmó que “hay que respetar la ley cubana”.
También sostuvo que el oficial del MININT que apareció en la grabación “tiene derechos”, en referencia a la privacidad alegada durante el proceso contra madre e hija.
Castro consideró que las imágenes pudieron haber sido grabadas “sin mala intención”. Sin embargo, respaldó parcialmente el argumento sobre la protección de la intimidad del funcionario.
Su posición coincide en ese punto con la tesis que dio origen al proceso, aunque introdujo una diferencia respecto a la sanción aplicada.
El nieto de Fidel Castro dijo que él habría preferido una medida de carácter “educativo” para resolver la situación.
De esa manera, aunque defendió el cumplimiento de la legislación vigente, marcó distancia con la decisión de imponer dos años de limitación de libertad a Bensi y a su madre.
Dos años de limitación de libertad para Anna Bensi y su madre
El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables el 1 de octubre a Bensi, de 21 años, y a Silvente por “actos contra la intimidad personal y familiar”.
El fallo oral estableció para ambas una sanción de dos años de limitación de libertad, que implica restricciones sin que necesariamente tengan que permanecer encarceladas.
El caso comenzó después de que un agente del MININT acudiera a la vivienda de la joven para entregarle una citación vinculada con la Seguridad del Estado.
Madre e hija grabaron el encuentro y difundieron posteriormente las imágenes en plataformas digitales. El funcionario alegó una vulneración de su intimidad.
Antes del juicio, Bensi defendió públicamente su derecho a expresar desacuerdo con el sistema político cubano. “Pensar eso no es delito”, afirmó mientras rechazaba que sus críticas a la situación del país justificaran un proceso penal en su contra.
El caso abre un debate sobre privacidad y libertad de expresión
La causa ha generado cuestionamientos sobre los límites entre la protección de la intimidad y el derecho de los ciudadanos a documentar las actuaciones de funcionarios públicos.
Cubalex ha cuestionado el empleo de normas sobre privacidad en casos relacionados con agentes estatales mientras realizan funciones oficiales, según recoge la cobertura del caso.
La controversia aumentó durante la jornada del juicio. Activistas denunciaron detenciones, vigilancia y restricciones contra personas que pretendían acudir al tribunal, mientras la Embajada de Estados Unidos en La Habana se pronunció sobre el proceso con el mensaje: “Pensar diferente no es un crimen”.
Las declaraciones de Sandro Castro introducen así una posición intermedia dentro de la discusión: reconoce la posible protección legal de la privacidad del agente, pero considera que la respuesta judicial pudo ser menos severa.
Bensi y organizaciones críticas del proceso, en cambio, han puesto el foco en las implicaciones que el caso tiene para la documentación ciudadana de funcionarios y la libertad de expresión en Cuba.
