La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, enfrenta una disputa judicial en Florida por un contrato firmado en junio de 2025 que permite a un despacho privado recibir hasta el 35% de determinados fondos recuperados mediante decomisos civiles. Empresas distribuidoras de teléfonos celulares cuestionan la legalidad del acuerdo, mientras las autoridades mantienen incautados más de 45,2 millones de dólares relacionados con una investigación sobre presunto lavado de dinero.
Según una investigación publicada por The Miami Herald el 7 de noviembre de 2026, el conflicto involucra al bufete Reyes Law Firm, de Coral Gables, dirigido por Israel «Izzy» Reyes, antiguo policía, fiscal y juez. Las compañías afectadas sostienen que pagar honorarios según el dinero recuperado genera incentivos económicos para impulsar confiscaciones de alto valor, incluso cuando los propietarios no enfrentan acusaciones penales.
¿Cómo funciona el contrato de decomisos de Miami-Dade?
El acuerdo, firmado el 30 de junio de 2025, establece comisiones variables de entre el 20% y el 35%, dependiendo de la cantidad recuperada y las características del procedimiento. También contempla un 5% adicional en determinadas apelaciones. El despacho obtiene sus honorarios cuando existe una recuperación efectiva mediante sentencia o acuerdo, por lo que las cantidades reclamadas no representan ganancias ya cobradas.
La controversia alcanza cifras millonarias. Según documentos judiciales citados por el periódico estadounidense, Reyes Law Firm presentó 16 acciones de decomiso, 14 de ellas durante una misma jornada. Las empresas demandantes calculan que el despacho podría recibir entre nueve y trece millones de dólares si las autoridades consiguen quedarse definitivamente con los fondos actualmente incautados.
Las reclamaciones también incluyen otros activos valorados en aproximadamente 2.600 millones de dólares. Los abogados de las compañías estiman que una recuperación de semejante magnitud podría generar honorarios cercanos a 480 millones. Sin embargo, se trata de proyecciones de los demandantes y no de dinero confiscado definitivamente ni de pagos realizados al bufete.
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Empresas de Miami cuestionan confiscaciones sin cargos penales
La investigación policial se relaciona con una presunta organización vinculada al lavado de ganancias del narcotráfico, en la que aparecen señalados dos ciudadanos chinos. Las autoridades sospechan que determinadas distribuidoras de productos electrónicos fueron utilizadas para movilizar fondos de origen ilícito. No obstante, The Miami Herald informó que ninguna de las empresas distribuidoras había recibido acusaciones penales por estos hechos.
Una de las principales afectadas es SH Americas LLC, distribuidora autorizada de teléfonos Samsung en el sur de Florida. De sus cuentas fueron retirados aproximadamente 42,7 millones de dólares. También figuran en los procedimientos HM Distributors y otros negocios. Sus representantes alegan que el interés financiero del despacho compromete las garantías constitucionales de imparcialidad y debido proceso.
¿Qué decidió la justicia sobre la demanda contra la sheriff?
La abogada Lauri Waldman Ross, representante de la Oficina del Sheriff, sostiene que el contrato respeta la legislación porque las decisiones sobre investigaciones y acuerdos permanecen bajo control policial. En abril, la jueza Ariana Fajardo Orshan rechazó apartar a Reyes Law Firm de los procedimientos. Las compañías recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida.
La controversia ha recibido atención de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Goldwater Institute y organizaciones de abogados defensores, que presentaron argumentos contra la remuneración por comisiones. Estas entidades consideran que el modelo puede afectar la confianza pública en los procedimientos de confiscación. La Oficina del Sheriff evitó comentar los detalles del litigio abierto.
El proceso continúa sin una decisión definitiva sobre la constitucionalidad del acuerdo. Su desenlace podría establecer un precedente para otros contratos similares en Florida. El debate también afecta a los propietarios de negocios del sur del estado, donde los decomisos civiles permiten reclamar determinados bienes vinculados presuntamente con delitos sin exigir necesariamente una condena penal contra sus titulares.
