Sobrino-nieto de Fidel Castro: empresas extranjeras contratarán cubanos
Desde mediados de los años noventa, la legislación cubana impide que las empresas extranjeras contraten libremente a trabajadores nacionales
El viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó que las empresas extranjeras podrán contratar directamente a trabajadores cubanos, sin necesidad de recurrir a las entidades empleadoras estatales que durante décadas han controlado ese proceso.
La declaración, realizada en un programa televisivo, introduce un cambio discursivo relevante en uno de los aspectos más sensibles del modelo económico cubano.
Durante una entrevista reciente, el funcionario sostuvo que el gobierno está ampliando las opciones disponibles para los inversionistas foráneos en materia laboral.
En ese contexto, pronunció la frase que ha concentrado la atención dentro y fuera de la isla: “Estamos abriendo el diapasón a elección del inversionista”.
De concretarse, esa afirmación implicaría permitir que compañías extranjeras decidan si contratan personal cubano de forma directa o mediante intermediación estatal.
El anuncio no es completamente nuevo. A finales de noviembre, durante la inauguración del VIII Foro de Inversiones celebrado en La Habana, Pérez-Oliva ya había adelantado la intención de flexibilizar los mecanismos de contratación.
La decisión es parte de un paquete de medidas orientadas a atraer capital extranjero en medio de la crisis económica que atraviesa el país. En aquella ocasión, el funcionario prometió un entorno más ágil y menos burocrático para los negocios.
Sin embargo, el planteamiento adquiere mayor peso al tratarse de un tema históricamente restringido. Desde mediados de los años noventa, la legislación cubana impide que las empresas extranjeras contraten libremente a trabajadores nacionales.
Aunque la Ley 118 de Inversión Extranjera, aprobada en 2014, sustituyó a la Ley 77 de 1995, mantuvo intacto el esquema de intermediación laboral controlado por el Estado.
Bajo ese modelo, los inversionistas pagan los salarios en divisas a una entidad empleadora estatal, que luego remunera a los trabajadores en moneda nacional, quedándose con una parte significativa del pago original.
Este sistema ha sido señalado por economistas y organizaciones internacionales como una fuente de distorsiones económicas y desincentivos laborales, además de limitar los ingresos reales de los empleados.
Pese al alcance potencial de las declaraciones, hasta el momento no se ha presentado ningún decreto, resolución o modificación legal que respalde oficialmente la posibilidad de contratación directa.
El propio ministro no mostró documentos ni explicó los mecanismos concretos para aplicar el cambio, lo que deja la medida en el terreno de las intenciones y no de las normas vigentes.
Fuentes empresariales citadas por medios independientes cubanos han indicado que, en la práctica, no se ha producido ninguna variación en los procedimientos actuales.
Las contrataciones continúan realizándose a través de las entidades estatales, sin que exista claridad sobre cómo se garantizaría la seguridad jurídica de una eventual relación laboral directa.
Aun así, el solo hecho de que un alto funcionario del gobierno hable públicamente de esta opción refleja la presión que enfrenta el régimen para ofrecer señales de apertura.
La escasez de inversión extranjera, la pérdida de mano de obra calificada y el deterioro de la economía han obligado a las autoridades a explorar fórmulas que hasta hace poco eran consideradas inaceptables.
Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, se ha consolidado como una de las figuras más visibles del actual gobierno. Su ascenso dentro del aparato estatal forma parte de una estrategia de continuidad política que combina renovación generacional con control centralizado, en un contexto marcado por la urgencia económica y la desconfianza de los inversionistas.
