Trabajadores interruptos deberán recoger basura o perder sus salarios

La crisis energética que golpea a Cuba ha obligado al gobierno a rediseñar el empleo estatal en medio de la paralización de industrias y centros de trabajo.

En una comparecencia en la Mesa Redonda, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, confirmó que la orientación oficial no es dejar a los empleados interruptos, sino moverlos hacia otras funciones consideradas útiles para el Estado, entre ellas la recogida de basura, la producción local de alimentos, la atención a personas vulnerables y el apoyo al sistema educativo.

La decisión busca sostener la actividad laboral en un país afectado por la falta de combustible y los continuos frenos productivos.

Crisis energética paraliza industrias

Durante su intervención, Otamendiz resumió la línea oficial con una frase que marca el alcance de la medida.

“La prioridad número uno es la reubicación laboral. No la interrupción”, indicó.

El mensaje deja claro que el Ejecutivo pretende evitar, a toda costa, que miles de trabajadores queden formalmente sin funciones mientras se agrava el deterioro del sistema electroenergético y persisten los problemas con el abastecimiento de combustible.

La reubicación, según expuso, pasa por alternativas como el teletrabajo, el trabajo a distancia, los cambios de horario o de labor, pero cuando esas variantes no sean viables, el empleado será enviado a otras tareas dentro del aparato estatal.

En la práctica, eso significa que obreros y empleados de sectores paralizados podrán terminar en labores de servicios comunales o en brigadas vinculadas a la producción de alimentos, incluidos los organopónicos.

El gobierno presenta esa fórmula como una vía para preservar el vínculo laboral, pero también como un mecanismo para cubrir áreas deficitarias en medio de la crisis. Con ello, la falta de energía ya no solo afecta la producción industrial y el transporte, sino que empieza a modificar de forma directa la función real de miles de trabajadores estatales.

Recoger basura o ir a organopónicos

El ministro explicó que las plazas de destino estarán concentradas en sectores que el oficialismo considera estratégicos y de impacto comunitario.

Mencionó la producción local de alimentos, los servicios comunales, la atención a grupos vulnerables y el respaldo a procesos docentes.

Detrás de esa lista aparece una realidad más amplia: el Estado está usando la crisis energética para redistribuir mano de obra hacia áreas donde arrastra déficits crónicos, especialmente en labores poco atractivas, mal remuneradas o con escasa cobertura.

Aunque el discurso oficial insiste en la “protección” del trabajador, la presión económica resulta evidente.

El propio ministro admitió que permanecer interrupto no es la opción deseada y que lo preferible es aceptar otra ubicación y seguir cobrando el salario completo.

En otras palabras, el empleado afectado por la paralización de su centro laboral queda ante una disyuntiva: asumir la tarea asignada o pasar a un esquema de ingresos más limitado en un país donde la inflación y la escasez reducen cada mes el poder de compra de los salarios.