El régimen cubano reveló una trama de corrupción en la Empresa de Gas Licuado de La Habana, la cual involucra a varios directivos de la Unión Cuba Petróleo (CUPET).
La investigación, divulgada por varios perfiles oficialistas vinculados al Ministerio del Interior (Minint), detalla el desfalco sistemático de recursos y la complicidad de funcionarios que facilitaron contratos irregulares a cambio de sobornos.
Según la denuncia, los principales acusados fueron identificados como Niuvis Suárez Mola e Iván Agustín Lora Alfredo, trabajadora y director, respectivamente, de la Empresa de Gas Licuado de La Habana.
El informe afirma que Suárez Mola sobornaba a directivos de CUPET para encubrir el desvío de recursos, mientras que Lora Alfredo se beneficiaba directamente de las operaciones fraudulentas.
Un chofer encargado de distribuir balitas de gas, cómplice de Suárez Mola, fue arrestado bajo cargos de malversación y asociación ilícita. Su identidad no fue revelada. Según el reporte, Suárez Mola y una subordinada identificada como Amanda desviaban el gas para su venta ilegal, transportándolo con la ayuda del detenido, quien mantenía una relación personal con ella.
La corrupción en la empresa no se limitaba al gas. También se acapararon “grandes cantidades” de leche condensada destinada a los balances laborales. Solo el 30% de los productos llegaba a los trabajadores, mientras el resto era ocultado en oficinas y viviendas particulares.
“Ella usaba estos productos como moneda de soborno o para enriquecerse”, según declaraciones anónimas citadas por el medio oficialista.
Amanda fue señalada como una de la “cabeza pensante” del esquema, al coordinar el robo y la manipulación de inventarios para favorecer negocios privados. Mientras tanto, la empresa continuó desviando el producto incluso en los períodos de mayor escasez, todo bajo la dirección de Lora Alfredo.
El informe también indica que el director no solo ignoró las irregularidades, sino que también lucró con bienes públicos. Utilizaba talleres estatales para reparar vehículos particulares, aprovechando su posición para beneficio personal.
La investigación inició tras la denuncia de un “agente especial infiltrado”, quien alertó sobre el intento de Suárez Mola de evadir responsabilidades. Según el reporte, la red de corrupción iba más allá de la empresa de gas y alcanzaba estructuras estatales clave.
Ante la magnitud del escándalo, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo anunció una auditoría para determinar el alcance total del desfalco.
“El objetivo: garantizar que los responsables rindan cuentas”, afirmó la entidad.
El caso ocurre en medio de una crisis en la distribución de gas licuado en Cuba, con millones de hogares dependiendo de este combustible para cocinar, pero experimentando retrasos en el suministro.
