Otra víctima de las cortes de migración: cubana va a cita y sale con multa de ICE
La mujer tiene que pagar más de 5.000 dólares tras su cita en Migración, siendo migrante legal y en proceso de regularización
Una inmigrante cubana solicitante de asilo denunció haber sido multada con más de cinco mil dólares luego de presentarse a una cita oficial con autoridades migratorias, a pesar de encontrarse en Estados Unidos con un proceso legal aún en curso.
Gridiudis Roselló recibió una notificación de sanción económica el pasado 15 de diciembre tras acudir a una entrevista con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso fue dado a conocer en un reportaje de Noticias 23, que alertó que este tipo de penalidades podría extenderse a millones de inmigrantes que ingresaron al país sin inspección formal, incluso si llevan años residiendo en territorio estadounidense o tienen trámites migratorios pendientes ante las cortes.
Roselló explicó que cruzó la frontera sur en febrero de 2022 y que, tras su entrada, fue liberada bajo el formulario I-220A, un documento que permite permanecer en libertad mientras se resuelve el caso migratorio.
Según relató, acudió a su cita con ICE sin imaginar que saldría del lugar con una multa por 5,130 dólares. De acuerdo con la notificación recibida, el pago debía realizarse en un plazo de 30 días, una medida que calificó como injusta.
La propia inmigrante compartió su experiencia en redes sociales, donde detalló que, aunque le asignaron una fecha de corte migratoria para septiembre de 2026, las autoridades le exigieron saldar la multa en apenas un mes.
En el reportaje, la abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó que el gobierno considera “entrada sin inspección” a aquellos casos en los que una persona cruza la frontera sin pasar por un proceso formal de revisión migratoria, aun cuando luego sea liberada con documentos temporales.
Por su parte, el abogado John de la Vega aseguró haber conocido “decenas de casos” similares, incluyendo inmigrantes que llevan años en Estados Unidos y ahora enfrentan multas bajo esta disposición.
El jurista señaló que podría tratarse de un cobro “retroactivo”, lo que abriría la puerta a posibles acciones legales. Además, advirtió que no pagar la multa en el tiempo establecido podría generar una deuda federal, con el riesgo de embargos directos a cuentas bancarias.
Chaviano precisó que las notificaciones incluyen instrucciones para apelar o disputar las sanciones, aunque reconoció que la actual administración ha pasado de simples advertencias a una aplicación más agresiva de estas medidas.
Estrategia anti-inmigrante de Trump
Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump, que ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.
Uno de los elementos más polémicos es la práctica de detener o sancionar a inmigrantes cuando se presentan voluntariamente a citas en cortes de inmigración o con ICE, un mecanismo que activistas describen como “trampas legales”. Migrantes que acuden a cumplir con sus obligaciones terminan enfrentando arrestos, multas o procesos acelerados de deportación.
Según el medio independiente, esta táctica ha generado temor generalizado en comunidades migrantes, ya que convierte espacios institucionales —como tribunales y oficinas migratorias— en puntos de riesgo.
Abogados y defensores señalan que esta política desalienta el cumplimiento de citas oficiales y socava el derecho al debido proceso, al castigar a personas que precisamente intentan regularizar su situación, razón por la que fue prohibida en California, sin embargo, sigue vigente en otros estados.
En paralelo, la segunda administración de Trump anunció que casi todos los inmigrantes detenidos por entrada ilegal deberán pagar multas de alrededor de 5,000 dólares.
A esto se suma una campaña de “autodeportación”, que ofrece vuelos gratuitos y mil dólares en efectivo a quienes acepten abandonar el país voluntariamente.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, confirmó que la llamada apprehension fee se aplicará a casi todos los inmigrantes mayores de 14 años que hayan ingresado sin inspección, sin importar el tiempo que lleven en EEUU ni si tienen procesos abiertos.
Esta política ya ha impactado de forma severa a la comunidad cubana. Casos recientes incluyen multas de 690,000 dólares y más de 530,000 dólares impuestas a ciudadanos cubanos por no abandonar el país tras recibir órdenes de deportación, lo que evidencia el alcance económico extremo de estas nuevas medidas.
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