Régimen permite gestión privada de residencias para ancianos y personas con discapacidad

El Gobierno cubano ha dado un paso importante en el sector de los servicios sociales al autorizar oficialmente a los actores económicos no estatales a gestionar residencias para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, según se detalló en el Acuerdo 10249/2025 publicado en la Gaceta Oficial (GOC-2026-211-O23).

Esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros y firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, busca abordar el envejecimiento acelerado de la población cubana y la falta de capacidad estatal para atender la creciente demanda de cuidados.

Inclusión del sector privado

Por primera vez, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme), cooperativas y trabajadores por cuenta propia podrán ofrecer servicios de cuidado a los adultos mayores y a personas con discapacidad.

Esta medida permitirá la apertura de diversas modalidades de residencias, como las de cuidados diurnos, permanentes y mixtos. Anteriormente, estos servicios eran gestionados exclusivamente por el Estado, a través de casas de abuelos y hogares de ancianos.

El nuevo acuerdo representa un cambio sustancial, reflejando el esfuerzo del Gobierno por ampliar la oferta de estos servicios debido a la escasez de recursos y personal en el sector público.

Requisitos y medidas de control

Para llevar a cabo esta actividad, los interesados deberán cumplir con varios requisitos, como obtener el aval del Director General de Salud del municipio, obtener la licencia sanitaria del local, y recibir capacitación obligatoria en escuelas especializadas para cuidadores.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) será el encargado de regular, controlar y supervisar estas residencias, asegurando que se cumplan los estándares de calidad en el cuidado de los residentes.

Adicionalmente, el acuerdo establece que al menos el 10% de las capacidades de estas residencias deberá ser destinado a personas vulnerables de la comunidad. En estos casos, los costos estarán sujetos a tarifas estatales, y si el residente no puede pagar, la Asistencia Social cubrirá total o parcialmente el servicio, previa evaluación.

Incentivos fiscales

Para incentivar la participación del sector privado en este ámbito, el Gobierno ha dispuesto beneficios fiscales.

Si el servicio se ofrece en un local estatal arrendado, el titular de la residencia estará exento del pago de renta durante dos años, con la posibilidad de una prórroga de hasta tres años si la situación económica del país lo requiere.

Una vez concluido este período, las autoridades evaluarán la viabilidad de cobrar el arrendamiento o entregar el inmueble en usufructo.

Cambio necesario en medio de la crisis

Este acuerdo refleja la creciente preocupación del Estado cubano por la crisis demográfica y económica que atraviesa el país.

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, y la reducción sostenida de la población en edad laboral ha puesto una presión considerable sobre las estructuras familiares y los servicios públicos.

El régimen reconoce que, debido a estos desafíos, no puede sostener el sistema de cuidados solo con recursos estatales y necesita la participación del sector privado para garantizar un adecuado nivel de atención.