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Cuba propone compensaciones a EEUU por propiedades confiscadas: aunque con condiciones

La cuestión de las indemnizaciones arrastra más de 60 años de litigios y tensiones entre ambos países

El gobierno castrista ha ofrecido compensar a ciudadanos y empresas de Estados Unidos por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, en un intento por solucionar el conflicto que ha perdurado más de seis décadas.

Esta propuesta ha salido a la luz en medio de una creciente presión internacional por parte de la administración de Donald J. Trump.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, declaró en entrevista a Drop Site News que la compensación se ofrecería mediante un “pago único”, pero solo como parte de un acuerdo más amplio que incluya el levantamiento de sanciones y la posibilidad de nuevas inversiones estadounidenses en la Isla.

Conflicto de más de 60 años

La cuestión de las indemnizaciones arrastra más de seis décadas de litigios y tensiones entre ambos países.

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, aún quedan pendientes 5.913 reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas, valoradas inicialmente en 1.900 millones de dólares, pero que han incrementado a cerca de 9.000 millones debido a los intereses acumulados.

A pesar de los acuerdos alcanzados con otros países cuyos nacionales sufrieron nacionalizaciones, como el Reino Unido, España, Francia, Canadá y Suiza, Estados Unidos nunca aceptó el camino de compensación a tanto alzado.

Cuba busca oxígeno económico

En el marco de esta propuesta, Cuba también ha expresado su disposición a recibir inversión de empresas estadounidenses, aunque el viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció que la legislación de Washington sigue siendo un obstáculo importante.

En su intervención, Pérez-Oliva subrayó que las nuevas medidas del gobierno cubano buscan ampliar la participación de la diáspora en proyectos productivos y en la infraestructura nacional.

La Habana parece estar buscando oxígeno económico sin desmantelar el sistema político que, durante décadas, alejó a gran parte del exilio cubano.

La Ley Helms-Burton como freno a la normalización

Uno de los principales frenos para cualquier posible deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo la Ley Helms-Burton, que permite demandas en tribunales estadounidenses contra quienes comercien con propiedades confiscadas por el régimen cubano. Esta ley sigue siendo un obstáculo significativo para las inversiones extranjeras en la Isla.

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos ha comenzado a revisar casos clave relacionados con la norma, lo que demuestra que el conflicto sobre los bienes expropiados no es solo simbólico, sino que sigue siendo un factor real en la disputa sobre el futuro económico de Cuba.

A finales de 2025, José Ramón López Regueiro, quien se considera el legítimo propietario del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, presentó una demanda contra Delta Air Lines bajo la Ley Helms-Burton.

En su demanda, López Regueiro sostiene que la aerolínea estadounidense ha operado vuelos en esa terminal sin haber pagado indemnización por el uso de la propiedad confiscada en 1959. La demanda acusa a Delta de incurrir en “tráfico” de bienes confiscados, tal como lo define la Ley Helms-Burton.

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