El Consejo de Ministros publicó el contenido de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por las autoridades cubanas para intentar contener la crisis que atraviesa el país.
El programa, dividido en 23 ejes, introduce cambios en la propiedad, la empresa estatal, el sector privado, la agricultura, los salarios, los subsidios, la banca y la inversión extranjera.
El documento amplía el papel del mercado y del capital privado, aunque mantiene la propiedad estatal sobre los principales medios de producción.
Una de las modificaciones más relevantes permitirá transformar empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.
El Estado conservará una participación mayoritaria en los sectores considerados estratégicos, pero empresas privadas, cooperativas y personas naturales podrán adquirir acciones de determinadas entidades.
También se establecerán procedimientos de quiebra, liquidación y reestructuración para compañías estatales con pérdidas sostenidas.
El sector privado podrá contratar a más de 100 trabajadores, operar bajo nuevas formas societarias y participar en varias empresas. Una persona podrá ser propietaria de más de un negocio, mientras se reducirá la lista de actividades prohibidas.
El Gobierno también autorizará empresas privadas en la agricultura, aprobará las mipymes pendientes y simplificará los trámites para crear o transformar negocios.
El paquete permite vender propiedades estatales a personas y empresas cubanas o extranjeras, incluidos los emigrados, siempre que acrediten el origen lícito del dinero.
Los cubanos residentes fuera de la Isla también podrán invertir en compañías nacionales. Las empresas privadas y cooperativas podrán recibir terrenos y otros bienes estatales en usufructo o mediante derechos de superficie para desarrollar inversiones.
La reforma financiera contempla la creación de bancos privados, instituciones no bancarias y entidades extranjeras dedicadas a microcréditos. Personas y empresas podrán abrir cuentas en divisas dentro y fuera de Cuba sin autorización administrativa previa.
También se crearán casas de cambio privadas, un mercado digital de divisas, subastas monetarias y canales privados para procesar remesas.
El Gobierno plantea realizar devaluaciones sucesivas del peso cubano para reducir la diferencia entre los tipos de cambio. Las empresas estatales que no soporten ese proceso podrán ser liquidadas.
El mercado cambiario oficial incorporará actores privados y permitirá a las compañías estatales vender divisas libremente, aunque sus compras estarán sujetas a controles.
Otro cambio de gran impacto será la eliminación gradual de los subsidios a productos para sustituirlos por ayudas dirigidas a personas consideradas vulnerables.
El programa prevé abandonar la canasta familiar normada subsidiada y pasar a ventas controladas sin subvenciones. Antes de aplicar esta transformación, las autoridades aseguran que crearán un Fondo de Protección Social financiado con parte del ahorro generado.
En materia laboral, el Ejecutivo promete aumentar los salarios del sector presupuestado y revisar anualmente el salario mínimo, las pensiones y las prestaciones según la inflación.
Las empresas estatales podrán definir sus propias escalas salariales conforme a su capacidad financiera. Asimismo, se autorizará el pluriempleo sin aprobación administrativa para profesionales, maestros, investigadores y trabajadores de la salud.
La política de precios eliminará de manera general los topes administrativos. Empresas y gobiernos locales podrán aprobar tarifas basadas en costos, mercado y cadenas de valor.
Al mismo tiempo, se introducirá gradualmente el Impuesto sobre el Valor Agregado, se actualizará el impuesto sobre ingresos personales y aumentarán tributos relacionados con vehículos, embarcaciones, documentos, anuncios y actividades ambientales.
En el sector agrícola, el usufructo de tierras podrá concederse por tiempo indeterminado a empresas estatales, privadas, mixtas, cooperativas y personas naturales.
Los productores tendrán mayor libertad para fijar precios, importar insumos, gestionar financiamiento externo y abrir cuentas bancarias en el extranjero. También se proyecta crear un Banco para el Fomento Agrícola y mercados de insumos en pesos y divisas.
Las medidas amplían la inversión extranjera hacia empresas privadas, cooperativas, zonas patrimoniales, turismo, centros de datos, comercio y energía. Los inversionistas podrán obtener derechos de superficie hasta por 99 años, contratar directamente a sus trabajadores y disponer de sus ingresos en divisas.
También podrán participar en marinas, hoteles, agencias de viajes, renta de automóviles, restaurantes, cadenas comerciales y proyectos inmobiliarios.
El paquete autoriza a personas naturales a importar directamente un automóvil completamente eléctrico, con exención de impuestos cuando incluya una estación de carga alimentada totalmente con energía renovable.
Adicionalmente, permite capital privado y extranjero en la importación y venta de combustibles, así como empresas privadas en servicios de telecomunicaciones, centros de datos, logística y comercio electrónico.
Las 176 disposiciones representan una apertura económica más amplia que reformas anteriores, pero el documento no establece un calendario detallado para su aplicación. El Partido Comunista conservará la conducción política, mientras el Estado mantendrá el control de los sectores estratégicos y de los mecanismos de supervisión. La efectividad del programa dependerá de su ejecución, del acceso real a divisas y de la capacidad gubernamental para frenar la inflación, el deterioro productivo y la pérdida del poder adquisitivo.
